El ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román salió ayer de la prisión de Alhaurín de la Torre para disfrutar de su primer permiso penitenciario tras permanecer nueve meses recluido. En la mañana de ayer, su mujer e hija se trasladaron a primera hora hasta el centro penitenciario para recogerlo en un vehículo conducido por una tercera persona que ayudó a Román con su equipaje.

Pedro Román, con traje oscuro, rehusó hacer declaraciones a los periodistas y abandonó la cárcel junto con otros presos a los que también se les ha concedido permisos de fin de semana y que deberán regresar mañana. Esta autorización se concede antes de que se haga efectiva su clasificación como preso de tercer grado, que fue concedida el pasado jueves por la Junta de Tratamiento de la prisión malagueña y con la que el ex concejal sólo tendrá que pernoctar en Alhaurín de la Torre de domingo a jueves.

El juez del caso Malaya acordó en enero rebajar la fianza de un millón de euros, impuesta a Román para salir de prisión por esta causa, a 200.000 euros, dinero que fue abonado por el entorno del ex edil. Sin embargo, su puesta en libertad no fue inmediata al pesar sobre él una condena firme de un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio en el denominado caso Moansa, relativo a un convenio firmado con la entidad del mismo nombre para recalificar una zona verde y construir seis viviendas unifamiliares pareadas.

Sobre el ex concejal pesa además una condena de dos años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, aunque antes de ingresar en prisión por el caso Malaya abonó 1,4 millones de euros para eludir la cárcel por esta causa. Román permanece recluido en la prisión de Alharín de la Torre desde el 2 de mayo de 2007, un día después de su detención por su presunta implicación en la trama de corrupción municipal.

La Audiencia Provincial revocó parcialmente en octubre de 2007 el auto de prisión preventiva dictado contra él por el que fuera instructor del procedimiento, Miguel Ángel Torres, y fijó una fianza de un millón de euros para su excarcelación, la de mayor cuantía de las establecidas para los procesados en el caso Malaya.

El que fuera "mano derecha" del fallecido ex alcalde Jesús Gil está imputado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y fraude a la Hacienda Pública. Según la investigación, Román y su hija, detenida junto a él y en libertad con cargos por blanqueo, estarían vinculados al entramado societario del ex asesor urbanístico y supuesto "cerebro" de la trama Juan Antonio Roca.