Málaga

La Secretaría apunta a Urbanismo por las múltiples "irregularidades" en la reestructuración de la Gerencia

Sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga.

Sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga. / Javier Albiñana

La Secretaría del Ayuntamiento de Málaga da el primer palo a la reestructuración que ha propuesto el equipo de Gobierno en la Gerencia de Urbanismo. En un informe elaborado a petición del PSOE, advierte sobre múltiples irregularidades tanto en la tramitación como en la motivación y justificación de la misma, asegurando que podría conllevar la "anulación" de la auditoría externa que encargaron y, por derivación, del acuerdo del Consejo Rector que daba luz verde al cambio organizativo. 

En conclusión, la Secretaría avisa de que estas irregulares se han dado por "la imposición del máximo representante del ente [Consejo Rector de la Gerencia], Francisco de la Torre", esta también necesitó el voto de los consejeros del Partido Popular. 

Entre las deficiencias encontradas por la Secretaría está el encargo de la auditoría externa como consecuencia de la aprobación de una moción de Pleno en este sentido, cuando no es el órgano competente para ello, pero también que esta sea la motivación de la reorganización, que es una "potestad pública" que sólo pueden hacer funcionarios o los órganos de dirección de la GMU. Estas sí que conllevarían la anulación del proceso. señala que la misma podría haber partido del departamento de Recursos Humanos de la propia Gerencia.

A estas se suman otras "en el procedimiento que tienen carácter formal y podrían considerarse como no invalidantes, aunque no por ello podemos obviar hacer un llamamiento a evitarlas en un futuro". Fuentes municipales señalan que el informe se refiere a "cuestiones formales de mera tramitación administrativa y está siendo estudiado por los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo". 

Dani Pérez ha denunciado este jueves la comisión de estas irregularidades, “desde hace años demandamos transparencia en la Gerencia Municipal de Urbanismo, uno de los entes del holding municipal más opacos del Ayuntamiento de Málaga”, ha continuado el líder socialista. “La reestructuración promovida por De la Torre no respeta la norma, tampoco la Relación de Puestos de Trabajo y, además, pretende dejar en manos de una empresa privada la gestión y tramitación de licencias”. Dani Pérez ha recordado que “esta imposición del PP se ganó el descontento de todos los empleados de la GMU, que se manifestaron hace unas semanas en la puerta del edificio para pedir la dimisión del gerente”, José Cardador.

El concejal socialista Mariano Ruiz Araujo destaca que el informe de la Secretaría “recuerda que las modificaciones que conlleven modificación de Relación de Puestos de Trabajo, como esta, deben ser sometidas a negociación colectiva, extremo que se ha eludido”.

Ruiz ha denunciado que “esta reestructuración nace de la progresiva privatización de la Gerencia Municipal de Urbanismo, porque el PP la ha intentando boicotear, sin dar recursos suficientes a sus trabajadores, para justificar la entrada de un ente externo en su gestión”. Pero, “una empresa privada no puede llevar a cabo este tipo de reestructuraciones, que tienen que venir de oficio, de personal directivo o funcionario”.

Además, Ruiz denuncia que los informes jurídicos que deberían justificar esta reestructuración “se han emitido después de la propuesta, lo que supone otra grave irregularidad. Para proceder a reestructurar la GMU, De la Torre se ha basado en un informe ad hoc, sin apenas datos económicos y que parece diseñado a dedo”, por parte de la firma Formación y Consultoría en Gestión y Dirección, S.L. Además, “el Consejo de Administración no está habilitado para establecer la estructura interna de los departamentos ni los cometidos de las unidades que los integran”.

Esta iniciativa se ha ganado la contestación de los trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo, “unos trabajadores a los que el alcalde les debe muchas explicaciones. Le pedimos a Paco de la Torre que dé la cara”, ha expresado el concejal socialista Mariano Ruiz minutos antes de participar en el Consejo Rector de la GMU, donde ha pedido al presidente que “anule de inmediato esta reestructuración”.

También, “la anulación del acuerdo del Consejo Rector 27 de febrero que promovía esta reestructuración que, a la vista de todos, es irregular así que nos congratulamos de que un informe de la Secretaría General de Pleno, de una habilitada nacional, nos dé la razón cuando alzamos los socialistas la voz para decir que la GMU estaba siguiendo un procedimiento progresivo de privatización, que se está trabajando de forma oscurantistas desde la gestión y que se está respondiendo intereses espurios, que que no son los intereses de la ciudadanía malagueña”, ha zanjado el responsable socialista.

Desde hace años constructores, promotores, arquitectos y ciudadanos se quejan de retrasos en la concesión de licencias y su tramitación, mientras que los empleados se sienten completamente desprotegidos. “Ahora también nos sentimos engañados”, ha expresado durante una reunión con los socialistas la presidenta del comité de empresa, Lourdes Ponce, quien ha recordado que “hemos pedido la dimisión del gerente, José Cardador”.

Ponce ha recibido este jueves la noticia sobre el informe de la habilitada nacional por parte de los socialistas, quienes lo pidieron hace semanas. “Este informe abunda en lo que los trabajadores ya decimos desde hace años. Que el equipo de gobierno boicotea nuestro trabajo de manera consciente para tener la excusa perfecta para trasladar las competencias de gestión a empresas privadas, creando en Málaga un urbanismo a dos velocidades. Es muy vergonzoso, y a mí me da vergüenza ajena, que a los ciudadanos les pidamos el respeto de la normativa mientras que el alcalde y los consejeros del PP se la saltan a la torera. Esto es algo muy grave que no debemos permitir”.

“Llevamos desde 2019 pidiendo el resultado de unas auditorías contratadas por el Ayuntamiento para conocer el funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo, unos informes pagados por el bolsillo de los malagueños, más de 50.000 euros, pero no nos dan los resultados”, se ha lamentado Ponce.

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