Municipal

La Tesorería de la Seguridad Social embarga la concesión del mercado 'gourmet' de la Merced

  • El organismo estatal comunica al Ayuntamiento el paso adoptado y su disposición a subastarla por las deudas contraídas por el adjudicatario

La zona ‘gourmet’ del mercado de la Merced cerrada al público. La zona ‘gourmet’ del mercado de la Merced cerrada al público.

La zona ‘gourmet’ del mercado de la Merced cerrada al público. / Javier Albiñana

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La apuesta del Ayuntamiento de Málaga por adjudicar a una empresa privada la transformación y explotación comercial de parte del zoco de La Merced está abocada al fracaso. Tras años en los que la concesionaria se ha mostrado incapaz de reflotar el proyecto del bautizado mercado gourmet, al punto de que en la actualidad el espacio permanece con apenas dos o tres locales abiertos, la gravedad del asunto se amplía después de que la Tesorería de la Seguridad Social haya tomado cartas en el asunto.

Lo hace en una doble vía: embargando la concesión administrativa otorgada por el Consistorio y abriendo la puerta a su subasta pública. Este paso se produce en el intento de recuperar la deuda que los actuales explotadores del mercado gourmet, Ezebag16, mantiene con el organismo estatal y cuya cuantía no ha sido concretada.

De acuerdo a los datos conocidos por este periódico, no parece sencillo que la Tesorería de la Seguridad Social vaya a lograr el objetivo buscado con la enajenación de la concesión, dado que sería el adjudicatario quien tendría que asumir todas las obligaciones económicas a las que no ha dado respuesta el actual privado.

Dada la incidencia que el movimiento ahora conocido tiene sobre el Ayuntamiento, la Tesorería de la Seguridad Social informó al Consistorio de su pretensión a finales del pasado mes de junio. Según fuentes próximas al procedimiento, desde el equipo de gobierno se advirtió al organismo estatal de la imposibilidad legal de aplicar embargo alguno sobre el edificio sobre el que se desarrolla la actividad, al tratarse de un bien público. Una precisión ante la que la Seguridad Social matizó que su decisión no afecta a la construcción sino a la concesión otorgada, inscrita en diciembre de 2015.

No es la primera ocasión en la que este proyecto está amenazado de una posible subasta. Hace ahora algo más de dos años se supo que el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga había remitido un escrito al Ayuntamiento en la que se le instaba a embargar la concesión del espacio comercial. En ese momento, la entonces concejala de Comercio, María del Mar Martín Rojo, informó de la imposibilidad legal de embargar bienes públicos.

Desde la adjudicación de la concesión a la sociedad Ezequiel Blanco-Astigarraga Gosis (Ezebag) se produjo una modificación en la denominación de la firma, que pasó a llamarse Ezebag2016, produciéndose una variación significativa en sus máximos responsables. De contar con Ezequiel Alfredo Blanco Gosis como administrador único de la sociedad, la misma pasó a estar gestionada por un consejo de administración presidido por Julio Alberto Alfonso Bazo, justamente el empresario que contratado en abril de 2017 para elevar el nivel de explotación comercial del mercado.

La información mercantil de Ezebag16 permite observar cómo desde junio de 2018 se suceden un total de ocho ejecuciones de títulos judiciales adoptados por sendos juzgados de la capital, que formalizan decretos la insolvencia provisional de la firma por una suma global de 81.381 euros incluyendo los intereses.

A pesar de que la situación crítica del proyecto se extiende en el tiempo desde hace más de un año, en el seno del Ayuntamiento se sigue admitiendo la dificultad de activar el rescate de la concesión, posibilidad largamente analizada pero no activada. Fuentes municipales informaron a este periódico de que en paralelo al camino emprendido por la Seguridad Social, el área de Promoción Empresarial está analizando todos los detalles jurídicos y económicos de la concesión.

Entre ellos, la amortización de la inversión inicial realizada por el concesionario, que le permite disponer de una carencia de diez años antes de estar obligado a abonar un canon anual al Consistorio. De acuerdo con esta línea de acción, en el supuesto de que el Ejecutivo local optase por rescatar la concesión tendría que determinar cuál sería la indemnización a la que tendría derecho la empresa tras asumir los costes de rehabilitación del mercado.

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