Solo 735 empresas y autónomos de Málaga han recibido hasta ahora la ayuda del Gobierno a la solvencia empresarial, dotada con 1.169 millones en la comunidad autónoma andaluza. Serán bastantes más, ya que la Junta ha resuelto ya de forma favorable casi 20.000 solicitudes en Andalucía (unas 4.400 en Málaga) y se prevé que se pueda llegar a unas 38.000 (8.400 en Málaga). En toda la región se han registrado 50.000 peticiones, de las cuales un 30% más o menos fueron rechazadas por el Ministerio de Hacienda.

La realidad, a 20 de octubre, es que hay una gran distancia entre las solicitudes resueltas y las pagadas, y esto tiene que ver con las vicisitudes por las que ha pasado esta medida a lo largo del tiempo.

Desde que se aprobó el 1 de marzo el decreto –que contemplaba subvenciones directas para el pago de deudas, entre otras cosas– la maquinaria para ponerlo en marcha ha ido muy lenta. Primero fue necesario un convenio con las autonomías y luego los autónomos y las empresas se quejaron de requisitos muy restrictivos, como tener más de un 30% de caída de la facturación en 2020 o solo contemplarse ayudas para los que no habían pagado sus facturas.

A fecha de principios de septiembre, la Junta de Andalucía –que es la gestora de las ayudas, aunque no las diseñe– había abonado solo 50 millones de los más de 1.000 disponibles a nivel andaluz. A mediados de mes, el Gobierno suavizó los requisitos y permitió que fuera susceptible de ayudas “los costes fijos incurridos” y las pérdidas generadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, aunque este último concepto es incompatible con los demás.

La Junta, que cerraba plazo el 15 de septiembre, lo amplió al 20 de octubre para“dar la posibibilidad a todos los que ya tienen su solicitud presentada a modificar su listado de deudas”. Eso ha hecho que se paralicen temporalmente las nuevas resoluciones y se detengan los pagos. El Gobierno andaluz ha interpretado, además, que el concepto de costes fijos incurridos se refiere a gastos ya pagados, como suministros eléctricos, agua, luz y alquileres, lo que ampliaba el número de sujetos susceptibles de ayuda.

Por eso ha ampliado el plazo hasta el 2 de noviembre, con el objetivo de agotar al máximo los fondos. Las resoluciones aprobadas hasta ahora –que no pagadas– están valoradas en 380 millones en toda Andalucía y se podría llegar a casi 700 millones con las peticiones que cumplen los requisitos, lejos en cualquier caso del tope de 1.169.

La Junta informa que entre finales de esta semana y la que entra dar un acelerón a los trámites y pagos, y está haciendo campaña entre las asociaciones empresariales para que se incorporen el máximo de empresas que puedan cumplir con los requisitos. El plazo máximo para el abono es el 31 de diciembre porque así obliga Europa y otro reto de la Administración autonómica será ese, el pago en tiempo y forma.