El Tribunal Supremo sigue sumando sentencias contrarias a la planificación hidráulica diseñada por la Junta de Andalucía años atrás y que frenó en seco los desarrollos industriales en Málaga capital y, más concretamente, en el entorno del río Guadalhorce. El último fallo, con fecha del pasado jueves, tiene como protagonista a la Asociación de Polígonos y Parques Industriales de Málaga y provincia, al punto de que respalda la pugna entablada por el colectivo empresarial contra el plan de inundabilidad aprobado por el Gobierno autonómico.

De manera categórica, el Alto Tribunal avala en su fallo la petición realizada por Apoma, anulando no solo el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, sino también el Plan de Gestión de Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que tuvo una especial incidencia sobre la cuenca del río Guadalhorce, en la capital de la Costa del Sol.

Las asociación, con la labor desarrollada por el despacho Ius Urbis, alegó la existencia de "vicios esenciales" en la tramitación del procedimiento de elaboración de ambos planes; la "incompatibilidad" del Gobierno central para dictar los decretos que fueron objeto de impugnación, aduciendo que se encontraba en funciones; así como la "vulneración de principio de participación ciudadana".

Es justamente este último argumento (como ya lo hizo en otras dos sentencias anteriores) el que usa el Tribunal Supremo para anular los planeamientos de la Junta, al no estar incluido en la tramitación el informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Un pronunciamiento que "resulta preceptivo en razón y en cuanto resulten afectadas las competencias locales propias por los anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones elaborados por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las suyas; se tata de garantiza la defensa de las competencias locales sobre las que pueda incidir la actuación de la Comunidad Autónoma". En su exposición, considera que la incidencia sobre las competencias locales no se relaciona solo "con la materia de ordenación urbanística”, sino con otras como la relación de aquellas medidas que han de aplicarse y cuyo desarrollo se imputaron a los ayuntamientos.

La entrada en vigor del planeamiento frenó de manera drástica el desarrollo de alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados de uso principalmente industrial dibujados por el Ayuntamiento en las márgenes del Guadalhorce y en puntos de Campanillas. Y ello porque pasaron a tener consideración de inundables, prohibiéndose de facto cualquier construcción sobre los mismos.

Cuberos pide a la Junta "que valore el daño hecho y que reaccione rápidamente haciendo una nueva valoración de la cuenca de Guadalhorce"

También el Ayuntamiento recurrió judicialmente los planes de la Junta a mediados de 2016. En el mismo se insistía en que con la literalidad del artículo 34.4 b "se produce de forma arbitraria una discriminación en el ejercicio de los derechos que corresponden a los propietarios de terrenos situados en zonas inundables, dependiendo de la demarcación hidrográfica a que pertenezcan”. “Del citado artículo parece desprenderse que con la nueva delimitación de zonas inundables que realiza el plan hidrológico quedarían inedificables muchas zonas que en el nuevo PGOU son edificables”, señalaron.

“Es una noticia fantástica”, ha afirmado el presidente de Apoma, Sergio Cuberos, al ser preguntado sobre la sentencia del Supremo. A su juicio, lo que viene a poner en evidencia el fallo es que "las cosas a la bulla han traído consigo una paralización del tejido empresarial" durante años. "Han hecho mal las cosas por las prisas y porque los plazos se les acababan", ha añadido, pidiendo ahora a la Junta de Andalucía "que valore el daño hecho y que reaccione rápidamente haciendo una nueva valoración de la cuenca de Guadalhorce". Asimismo, ha anunciado que el lunes registrará la sentencia en Urbanismo para que "sus técnicos actúen ya conforme a la normativa nacional, sin pedir medidas correctoras".