El Ayuntamiento de Málaga se topa con un nuevo varapalo judicial en el caso de las oposiciones a bombero que celebró en el año 2015. Aunque el valor de esta sentencia es mayor, por cuanto es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que ampara a uno de los participantes en el proceso selectivo, que denunció la existencia de irregularidades en el procedimiento.

Grosso modo, el alto tribunal andaluz desestima los recursos presentados por el Consistorio y otros implicados y confirma el criterio ya fijado hace ahora tres años en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga. Este tribunal, que ante la demanda presentada por uno de los recurrentes, concluyó la necesidad de volver al punto exacto de la corrección de la tercera y última prueba y se calificasen las preguntas de forma proporcionada.

"Que se retrotraiga el proceso selectivo al momento de la calificación del tercer ejercicio del recurrente, declarando que la valoración de las 11 preguntas (total de 16 puntos) lo sea de forma idéntica y proporcionada, así como todos sus apartados", menciona de manera literal la sentencia del Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de Málaga, en un escrito fechado el pasado 18 de febrero y al que tuvo acceso este periódico.

Asimismo, se alude a la necesidad de que se proceda a la "rectificación de la valoración otorgada a la pregunta 6,5 del ejercicio número 3, considerando válidas y ajustadas a derecho las respuestas formuladas por el recurrente y todo ello con adición de la nueva puntuación a la calificación definitiva del recurrente". Y subraya la necesidad de continuar las distintas fases del proceso selectivo, de manera que "caso de superarlas conforme disponen dichas bases, reconozca que el recurrente ha superado el proceso selectivo y se reconozca su derecho a ser nombrado en la plaza de bombero".

"Se ha de entender vulnerados los principios de transparencia y publicidad que deben presidir los procesos selectivos", dice la sentencia

La posición de los tribunales hasta la fecha sobre las denuncias de varios aspirantes a estas plazas ha sido clara, señalando la existencia de anomalías en el discurrir de las oposiciones, como que los criterios de puntuación de la prueba no fuesen anunciados por parte del tribunal antes de la realización del último de los ejercicios.

Algo que a juicio de la sala "produjo una irregularidad procedimental que causó indefensión al recurrente, que no pudo adecuar la contestación de su examen a las distintas valoraciones de las preguntas; por ello, se ha de entender vulnerados los principios de transparencia y publicidad que deben presidir los procesos selectivos". "Resulta evidente que el tribunal (en alusión al encargado de valorar las oposiciones) no estaba autorizado en las bases para fijar los criterios de la calificación después de celebrado el ejercicio”, añade.

Y con ello rechaza los argumentos empleados por los apelantes, que adujeron que el tribunal de selección "ajustó su actuación en este tercer ejercicio a las bases". Por contra, el TSJA entiende que en la argumentación municipal "se prescinde y se olvida que en definitiva no se calificó el ejercicio de un modo global como se preveía en la convocatoria, se estableció una valoración distinta para cada pregunta y subapartados; lo cual es en principio contrario a las bases".

La reacción del Ayuntamiento ante el fallo del TSJA es de prudencia, a la espera de que se conozcan nuevos pronunciamientos en las próximas semanas respecto a las otras sentencias de primera instancia. No obstante, según fuentes municipales en el seno de la Asesoría Jurídica de la Casona se entiende que probablemente las próximas sentencias irán en la misma línea.

El interrogante en ese supuesto es si la decisión que adopte el equipo de gobierno del PP será la de cumplir lo dictado y repetir ese tercer examen de manera general para todos los opositores. Sobre ello, las fuentes municipales consultadas hablaron que lo razonable será pedir al juez que expliqué "cómo se aplican esas sentencias", más aún cuando las treinta plazas objeto del proceso ya fueron asignadas. Según fija el propio TSJA, los afectados por la sentencia tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, un paso que, en el caso del Ayuntamiento, no está del todo claro que se vaya a dar.