El TSJA sentencia que la Junta es quien debe limpiar los arroyos

La polémica sobre quién debe encargarse del mantenimiento de los cauces de los arroyos y ríos ya está resuelto. Tras casi dos años de espera, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es rotundo al sentenciar que es la Junta de Andalucía a quien corresponde la tarea de conservar y adecuar los cauces públicos de Málaga, mientras que es el Ayuntamiento el que debe efectuar la recogida de los residuos sólidos arrojados a dichos arroyos.

Con esta sentencia, dictada el pasado 15 de mayo y hecha pública ayer, la sala de lo contencioso administrativo da la razón al Consistorio de la capital que presentó un recurso en octubre de 2013 contra el Gobierno autonómico ante la dejadez de éste en el acondicionamiento de los arroyos de la capital de cara a evitar su desbordamiento en caso de lluvias torrenciales.

La concejal en funciones de Servicios Operativos del Ayuntamiento malagueño, Teresa Porras, se mostró ayer satisfecha con la resolución dado que "refleja lo que hemos defendido siempre" y se preguntó que por qué si no entonces "antes llegábamos a un acuerdo entre ambas administraciones más o menos satisfactorio todos los años para limpiar los arroyos y desde hace dos años la Junta dice que no es su competencia".

El entonces delegado provincial de Medio Ambiente, Javier Carnero, llegó a reconocer días antes de que el Ayuntamiento llevara el caso a los tribunales que se había decidido suspender "la colaboración voluntaria y no obligatoria" con los ayuntamientos en la limpieza de los arroyos en sus tramos urbanos porque el gasto que hubo que hacer el año anterior para limpiar los arroyos, como consecuencia de las importantes lluvias caídas, "habían desbordado todas las previsiones presupuestarias".

Pero desde entonces hasta ahora, la Junta optó por el silencio absoluto y, no sólo no ha cumplido con su obligación, sino que tampoco ha contestado a las numerosas peticiones realizadas por el Ayuntamiento.

La Junta aludió al artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local para defender que la competencia era municipal en lo concerniente a la limpieza de cauces en tramos urbanos, cuando hasta ese momento había colaborado todos los años con el Ayuntamiento en esta tarea.

Pero la sentencia del TSJA se refiere a esa misma ley para dejar claro le corresponde a los municipios la recogida de los residuos en los arroyos y que la conservación de los cauces públicos corresponde a la administración competente en la gestión de la cuenca correspondiente de acuerdo con la normativa vigente. "Dada la claridad del precepto y dado que las actuaciones que se pretenden corresponden a cauces urbanos en cuenca intracomunitaria dependiente de la Administración autonómica andaluza es necesario la estimación de la presente demanda", concluye.

El Ayuntamiento de Málaga ya ganó el primer asalto a la Junta de Andalucía en el contencioso administrativo que inició contra ésta sobre quién debía encargarse de la limpieza de los arroyos de la ciudad. El TSJA obligó en diciembre de 2013 a la Delegación provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a pagar al Consistorio los 60.000 euros que costaron los trabajos de acondicionamiento de urgencia que hubo que llevar a cabo en algunos arroyos ya iniciada la temporada de riesgo de inundaciones.

La sala de lo contencioso-administrativo autorizó entonces al Consistorio de la capital como medida cautelar a realizar las labores de acondicionamiento de los cauces debido al peligro de inundaciones que había en algunos puntos y ante la falta de concreción de la Junta al respecto. Y además le obligaba a pagar la factura al Ayuntamiento.

Un año después, y mientras se resolvía la cuestión de las competencias, el TSJA volvió a obligar a la Junta a pagar la limpieza de los arroyos y a autorizar al Ayuntamiento a proceder a las labores de limpieza de los arroyos específicamente las zonas más conflictivas a tenor de los informes técnicos aportados. En un auto, con fecha del pasado 20 de noviembre, el Alto Tribunal andaluz reafirmó su propio auto dictado el 30 de octubre en el que ya aceptó dicha medida cautelar debido al peligro de inundaciones que había en algunos puntos de la ciudad y ante el hecho de que la Junta no presentara un recurso al respecto. En total, las labores realizadas por el Ayuntamiento en 90 arroyos de la capital el año pasado costaron otros 60.000 euros.

Pero el Ayuntamiento aún no ha cobrado la factura que presentó el primer año. Al respecto, la concejal de Servicio Operativos advirtió que una vez conocida la resolución enviarán de nuevo aquella factura y la correspondiente al año pasado, que ascienden a un total de unos 120.000 euros.