Hay que centrar el debate: la ciudad es de la ciudadanía: La variedad de lugares y gentes que habitan el espacio urbano produce relaciones e interacciones enriquecedoras y productivas en todos los aspectos de la vida ciudadana, no únicamente en los económicos, y que además son la condición para que estos mismos se produzcan. Los ayuntamientos no sólo poseen el derecho a ejercer el gobierno en sus municipios para preservar ese enriquecimiento común, sino que tienen el deber de preservarlo.

El problema del crecimiento turístico: Numerosas ciudades han incorporado el turismo como actividad permanente, por lo que se ven envueltas en una dinámica intensa de transformación, que monopoliza espacios e irrumpe en barrios tradicionalmente alejados del turismo. La fase de crecimiento genera malestar en amplios sectores de la ciudadanía que -además del desgaste por los años de crisis-, se ve afectada por procesos de gentrificación y turistificación, con efectos como el encarecimiento de la vivienda y alquileres, reducción de equipamientos básicos, uso privado del espacio público, transformación o desaparición del comercio local, incremento de precios de bienes y servicios, saturación de espacios, molestias y ruidos, etc. La proliferación de plataformas de comercialización de viviendas de uso turístico (VUT) es un problema asociado a este crecimiento, acelerado en los últimos 5 años. Se enmarca, en cualquier caso, en una problemática global cuyo debate está presente en múltiples destinos españoles y europeos. La misma Organización Mundial del Turismo afirma que es necesario gestionar los efectos negativos que conlleva.

Se habla en condicional de los aspectos negativos, cuestionándolos y minusvalorándolos

Gestión integral para el bienestar de la ciudadanía: La gestión turística requiere estrategias de gobernanza urbana, evitando el tratamiento aislado y manteniendo una visión conjunta con las demás cuestiones de la ciudad. El planeamiento urbanístico se desarrolla, entre otras cosas, para ordenar los usos, y determinar qué procesos urbanos se pueden o no realizar en determinados lugares para que sean compatibles con la vida ciudadana. Es deber de los ayuntamientos planificar las infraestructuras, los servicios y los equipamientos públicos, que dependen de la distribución de usos de la ciudad, para que sean eficaces y sostenibles.

Sobre el informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) acerca de las VUT (E/CNMC/003/18): El estudio de la CNMC a favor de las VUT, y en contra de las normas de su regulación, se ha redactado con una visión parcial, nunca pensando en la ciudadanía, que es quien habitando la ciudad la crea y la produce en común, y permite que posea valor de uso y, por ello, valor de cambio. Tampoco se ha redactado desde la visión municipal. Ni siquiera vela por la calidad del turismo al afirmar como efecto positivo que el "incremento de la oferta de alojamiento turístico asociado a la entrada de viviendas de uso turístico provoca una reducción en el precio medio del mercado", pues no tiene en cuenta, por ejemplo, cómo la reducción del precio influye en el empleo (baja su calidad o directamente lo destruye). El informe se fundamenta en el discurso del "mercado" -y la "modernidad"-, porque el análisis de los problemas y sus soluciones se impone con un criterio económico simple, con afirmaciones sobre las externalidades negativas como: "la teoría económica propone soluciones para internalizarlas y llegar a un equilibrio más próximo al óptimo social".

En todo el documento de la CNMC, los motivos que se aportan a favor de las VUT se describen de manera afirmativa. En cambio, de las circunstancias negativas se habla en condicional, cuestionando su existencia, minusvalorándolas. Además, en su análisis se incluyen opiniones sin contrastar e infundadas del tipo: "Si no hubiera crecido la oferta de viviendas turísticas, se habría producido un mayor crecimiento de la construcción de hoteles y edificios de apartamentos para atender a la demanda de alojamiento, lo cual supondría detraer viviendas de residentes para dedicarlas al alquiler turístico, con efectos sobre el precio de la vivienda". La construcción de los hoteles está regulada, y debe incluirse previamente en el Plan General de Ordenación Urbana. Su inclusión posterior requiere en todo caso de una modificación del documento (que debe pasar los trámites necesarios). Decir que los hoteles habrían causado el mismo problema que las VUT es una equivocación grave fruto de un gran desconocimiento.

Es sintomático que uno de los pocos puntos del informe en el que se habla de "interés general" se produce precisamente por la referencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia "en contra" de un recurso de la CNMC: "ha desestimado el recurso [...] en cuanto a la posibilidad de limitación del número de viviendas por los Ayuntamientos y la posibilidad de prohibición de la actividad por la ordenación sectorial o la comunidad de vecinos, se argumenta que no se infringe la libertad de empresa, sino que la limita en aras [...] de un interés general [...] que ha de prevalecer y también merecedor de protección". Los mismos tribunales entienden que en todo caso, la libertad de empresa debe estar a favor del "interés general".

Conclusión sobre el informe: (1) produce colisión entre el derecho al libre mercado y al lucro indefinido y el interés general (y el derecho a la vivienda y la ciudad); (2) apuesta por la desregulación de las VUT en contra de la calidad del turismo y del destino; (3) prioriza el contrato privado y ataca la legislación urbanística, la ciudad como bien común y el derecho de la colectividad a conocer y participar en su gobierno; (4) pretende dejar a su propia dinámica un mercado inmobiliario distorsionado por la participación de una demanda con más poder y lejana al lugar concreto, y sin compromiso alguno con él.

Existe conocimiento científico bien argumentado sobre el "libre mercado de la vivienda", la subida de precios a pesar de existir más oferta, y la burbuja inmobiliaria desde hace muchos años: la CNMC debería ser más seria y diligente, especialmente por su condición de organismo público. En definitiva, la CNMC no entiende que la ciudad es una propiedad común de la ciudadanía. Tampoco lo que es su valor de uso, y que, por tanto, no es una mercancía consumible producida como en una fábrica, y mucho menos entiende que la ciudad es una creación de la ciudadanía.

Artículo elaborado por Yolanda Romero, profesora UOC e investigadora UMA; José María Romero, profesor UGR; Enrique Navarro, profesor UMA; Eduardo Serrano; Sabina Habegger; Rubén Mora; Alicia Carrió, y Fernando Ramos, Rizoma Fundación. La investigación que da lugar a este artículo se inscribe en el proyecto I+D titulado Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español (CSO2015-64468-P) del Ministerio de Economía y Competitividad.