Tirado se niega a hablar de los 762.000 euros que escondía

El 13 de octubre de 2005 la Policía detuvo al alcalde de Manilva, Pedro Tirado, y registró su domicilio porque sospechaba que podía haber recibido sobornos de los empresarios que acababan de vender la finca La Parrada, un pelotazo inmobiliario en el que habían ganado cerca de 100 millones de euros. Poco después de comenzar la inspección de la vivienda el entonces jefe del grupo tercero de blanqueo de capitales de la Udyco encontró una bolsa con 762.000 euros en metálico. Hacía apenas un mes que se había firmado el último convenio que daba vía libre al desarrollo de los suelos.

Desde aquel mismo momento Pedro Tirado explicó que esos 762.000 euros que guardaba en efectivo en su casa eran aportaciones anónimas que recibía para el Partido Democrático de Manilva (PDEM), la formación política que él había creado y lideraba tras salir de las filas del Grupo Independiente y Liberal (GIL), fundado por el fallecido Jesús Gil. La última vez que expuso este argumento fue en abril de 2010, cuando la Sección Octava de la Audiencia de Málaga comenzó a juzgar esta causa, aunque luego suspendió el juicio que comenzó a celebrarse otra vez desde el principio el jueves pasado.

Pedro Tirado contó en 2010 que guardaba el dinero en su casa, porque sus compañeros del PDEM tenían plena confianza en él. También dijo que se trataba de donaciones anónimas muy generosas porque los aportantes querían quedar bien, al tiempo que se quejó airado de que en su día se hubiera dicho que escondía el dinero en una bolsa de basura, cuando en realidad era una bolsa de Calvin Klein.

Ayer, cuando le tocó de nuevo declarar ante el tribunal anunció que no ratificaba nada de lo dicho anteriormente. Matizó que no había recibido ningún regalo "de nadie" por su actividad pública y se acogió a su derecho a no declarar.

Posteriormente su defensa trató de poner en entredicho la investigación al sugerir que la Policía no se había tomado la molestia de determinar el origen de los 762.000 euros. Aludió expresamente a un fajo de 90.000 euros que venían con un precinto del BBVA y un código de identificación. El tribunal que preside el magistrado Fernando González Zubieta mostró su "extrañeza" porque el letrado se centrara en esta cuestión durante el interrogatorio a los agentes e incluso pidiera que se le mostraran los sobres del dinero cuando su defendido rechazaba declarar y, por tanto, impedía exponer a la sala "su opinión". Los agentes aclararon que las pesquisas se limitaron a comprobar si la respuesta del entonces alcalde era correcta, pero lo único que hallaron es que el PDEM disponía de una única cuenta, donde sólo constaba algún ingreso esporádico de la Mancomunidad y de alguna lotería. El partido carecía de libro de contabilidad.

En definitiva, la Policía llegó a la conclusión de que esos fondos eran parte del soborno que presumiblemente había recibido el alcalde por aumentar la densidad de La Parrada, una finca de 130 hectáreas, a la que se permitió edificar 18 viviendas por hectárea en lugar de 10. Los investigadores subrayaron la conexión temporal que existía entre los diferentes actos administrativos, la venta del suelo, la creación de una empresa entre el promotor finlandés Aki Kujala y el cuñado del alcalde, Francisco Calle, a través de la que presumiblemente se pagaron los cohechos y la intervención del dinero.

Francisco Calle y Aki Kujala están acusados de blanqueo de capitales, mientras que el fiscal atribuye un delito de cohecho al ex alcalde de Manilva. Inicialmente le reclamaba dos años de cárcel y 3 millones de euros de multa, sin embargo, el Ministerio Público varió su interpretación jurídica de los hechos el jueves pasado y en la actualidad le imputa un tipo delictivo que únicamente está penado con multa y suspensión para cargo público.