Tomás Olivo volverá al banquillo de los acusados

El empresario Tomás Olivo volverá a ser enjuiciado en los próximos meses en relación con el convenio que suscribió con el Ayuntamiento de Marbella para la cesión de los suelos donde levantó el centro comercial La Cañada, el negocio más jugoso del promotor murciano. Olivo volverá a compartir el banquillo de los acusados con el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, el presunto "cerebro" de la trama de corrupción del caso Malaya, con quien ya fue juzgado en el caso Malaya, si bien Olivo fue absuelto y Roca condenado a 17 años de prisión.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha designado ya un magistrado ponente para la celebración de la vista oral, en la que serán enjuiciadas 14 personas, y está previsto que a la vuelta de las vacaciones de agosto se señale el inicio del juicio para los próximos meses, según confirmaron a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El empresario se enfrenta ahora a nuevos cargos por delitos continuados de cohecho, fraude y prevaricación urbanísticas, por los que la Fiscalía reclama para Tomás Olivo una condena de 18 años de prisión (dos por el cohecho, diez por fraude y dos por prevaricación urbanística). Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella, que ejerce la acusación particular, solicita seis años de prisión para Tomás Olivo por un delito de fraude en concurso con uno de malversación de carácter continuado, y otros dos años cárcel por un delito de cohecho.

La misma pena de 18 años solicita el Ministerio Público para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, mientras que Juan Antonio Roca se enfrenta a 24 años de cárcel. También están acusados siete ex concejales, a los que se pide una condena de dos años de prisión por prevaricación, y la misma pena se solicita para el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, mientras que dos presuntos testaferros se enfrentan a una condena de cuatro años de prisión y un empresario a seis. La Fiscalía reclama además el pago de indemnizaciones al Ayuntamiento por unos 50 millones de euros.

La tesis principal de la Fiscalía consiste en que el empresario Tomás Olivo sobornó a Roca para obtener los terrenos de La Cañada. Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la operación para la cesión de los suelos municipales para la construcción del centro comercial, uno de los más grandes de Andalucía, se inició por parte de Tomás Olivo con la "compra" de la voluntad de los "mandatarios y dirigentes municipales a cambio de grandes beneficios para todos", y continuó con la celebración de numerosos convenios y contratos con el Ayuntamiento a través de distintas sociedades municipales.

Para la Fiscalía, el presunto soborno se habría pagado mediante un contrato de compra ficticio entre Tomás Olivo y la entidad Roadhouse España -propiedad de Juan Antonio Roca-, por la que se pagó 1,6 millones por una opción de adquisición de unos terrenos baldíos y de escaso valor en Mazarrón (Murcia), que luego no se ejecutó. Esa operación, según el Ministerio Público, encubría el soborno porque es inaudito que "cualquier persona o empresario y mucho menos un empresario de la experiencia y rigor de Tomás Olivo, realizara una operación tan costosa como absurda y descabellada". La comisión que habría recibido Roca, una vez descontados los impuestos, rondaría los 870.000 euros.

A continuación, Olivo y el Ayuntamiento suscribieron hasta tres convenios, el primero de mayo de 1994, por el que se cedió al promotor unos 120.000 metros cuadrados que el Consistorio había permutado, comprado o expropiado a sus propietarios.

Los otros dos convenios sirvieron para contratar obras con la constructora Emasa (propiedad de Olivo), a la que se pagaría posteriormente con la entrega de solares y aprovechamientos urbanísticos, y en dichos convenios se legitimaría asimismo la entrega del suelo, precisa el fiscal.

El Ministerio Público cita un informe del Consejo Consultivo del 2007 que consideró nulo el convenio por cuanto la empresa de Tomás Olivo realizó obras de urbanización en el suelo cedido y, como compensación a esos trabajos, se le entregó el mismo terreno para la construcción del centro comercial La Cañada y con una contraprestación económica de la que sólo abonó unos 480.000 euros. Para el fiscal fue una operación "depredatoria" que desató una "feroz especulación".

La causa se inició por una querella de la delegación de la Fiscalía Anticorrupción del año 2006, a raíz de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que detectó numerosas irregularidades en una treintena de convenios urbanísticos desarrollados en el Ayuntamiento de Marbella entre los años 1991 y 2006, coincidiendo con la etapa del gilismo.

El promotor Tomás

Olivo, en el centro, en

el juicio de la Malaya