La losa económica que va a suponer para el Ayuntamiento de Málaga la construcción y explotación del Metro de la capital empieza a tornarse en una realidad preocupante para las arcas municipales. Lejos de los deseos del alcalde, Francisco de la Torre, de minimizar al máximo posible la factura que, de acuerdo con el convenio que él mismo firmó en 2003, ha de asumir el Consistorio, la Junta de Andalucía se mantiene firme en exigir el pago íntegro de los costes derivados del funcionamiento de la red ferroviaria. Y que podría alcanzar los 21 millones de euros a abonar anualmente hasta el año 2042, cuando finaliza el contrato de concesión actualmente en vigor, lo que eleva la suma a cerca de los 470 millones de euros.

La cuantía aquí señalada para cada ejercicio de explotación comercial del suburbano se correspondería con un escenario en el que los trenes no prolonguen su recorrido en superficie desde El Corte Inglés hasta el Hospital Civil. La eliminación de este tajo a ras de calle de la red, algo más que factible ante la negativa municipal a facilitar el avance de la Consejería de Fomento, se traduce, según el titular del departamento, Felipe López, en unos "tres o cuatro millones" de añadido en la explotación. Suma que, avanzó el consejero, le reclamará al Consistorio por hacerlo responsable de la "amputación" que sufriría el proyecto pactado.

Bien es cierto, que la incidencia sobre las arcas municipales se mantendría en 17,5 millones de euros en el supuesto de que el Metro sí alcanzase la zona norte. El parámetro económico se corresponde con el 25% de la factura de explotación global, que se estima en una media de 70 millones de euros anuales. El 75% restante, también según el convenio, corresponde a la Junta.

Más allá de la concreción de los números, una de las principales aportaciones hechas ayer por López es su firmeza a la hora de zanjar una posible discusión sobre las aportaciones municipales al proyecto. Al menos en lo que al funcionamiento y mantenimiento del mismo se refiere. Ello choca con las pretensiones de De la Torre, que desde hace años viene insistiendo en la firma de una adenda al contrato original que permitiese actualizar a la baja las obligaciones económicas del Consistorio.

En este punto, el regidor apuntaba en la necesidad de respetar los parámetros económicos de la infraestructura original, cuyo coste se estimaba en unos 360 millones (frente a los cerca de 800 millones ahora estimados), con una tarifa técnica de algo más de 1,9 euros, frente a los más de 4 euros actuales.

Sin embargo, el consejero de Fomento fue claro al destacar que "hay fronteras" que no permitirá traspasar, en alusión directa a la posible reducción de esta parte de la factura municipal. Y negó de manera clara que exista una posible vinculación entre los costes de explotación que se van a exigir al Consistorio, incluso con la retención de la Participación de Ingresos del Estado (PIE), y que De la Torre avale o no el Metro al Civil. En Granada, donde ya se acudió a este mecanismo, la Junta le retuvo unos 150.000 euros mensuales por una deuda de unos ocho millones de euros.

En los mismos términos, insistió en aceptar la posibilidad de compensar con obras de movilidad sostenible parte de los costes de construcción que han de ser igualmente asumidos por el Ayuntamiento. Hasta la fecha, según las liquidaciones ya remitidas al Ayuntamiento, la suma alcanza los 40 millones (32 millones hasta finales de 2012 y otros 8 millones desde ese momento en adelante). Sobre ello, López fue claro al señalar que se le dará el mismo trato que a Sevilla y Granada, lo que implica que se pueda compensar del orden del 68% el coste total. Ello implica, sólo con lo ya liquidado, la existencia aún de unos 12 millones que ha de pagar De la Torre.

Incluso, frente a las interpretaciones municipales, que aluden a la necesidad de extraer de las inversiones a computar al Ayuntamiento la de aquellos tramos ejecutados directamente por Fomento, el consejero fue claro al subrayar que la incidencia es sobre el coste total de la infraestructura, lo que equivale a unos 800 millones una vez esté culminada la infraestructura. No obstante, ni siquiera este punto de coincidencia lo es pleno, ya que la Administración regional sigue excluyendo de un potencial listado de obras de compensación la compra de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), extremo contemplado por el Consistorio.

Todo ello, a priori, deberá formar parte de un nuevo encuentro entre los mandatarios municipal y de Fomento y fijado para el próximo 20 de junio, apenas seis días antes de las próximas elecciones generales. Según el consejero, este encuentro, que previsiblemente tenga lugar en Sevilla, se convoca "no con el ánimo de marcar distancias, sino de encontrar un punto de racionalidad" en la discusión existente en torno a la terminación de la red de Metro.

López dijo no tener inconveniente en hablar con De la Torre de la adenda al convenio de 2003, aunque incidió en que antes debe "aceptar el trazado" al que él mismo dio su aval en noviembre de 2013, con la firma del protocolo de intenciones que fijaba la llegada del trazado en superficie hasta el Civil.

López: "Contra la voluntad beligerante del Ayuntamiento la obra no se podrá hacer"

El consejero de Fomento, Felipe López, empieza a visualizar la posibilidad de que el Metro se quede en la estación de Atarazanas, actualmente en obras. A pesar de que incidió en que su departamento sigue adelante en la idea de avanzar en la prolongación del ferrocarril urbano hasta el Hospital Civil, fue contundente al remacar: "si la posición del Ayuntamiento es irreductible a la hora de decir que no se hace el Metro hasta el Hospital Civil será imposible hacerlo; una obra de esta naturaleza contra la voluntad manifiesta y beligerante del Ayuntamiento no será posible hacerla y el Metro acabará quedándose en Atarazanas". Tras la afirmación, advirtió de las consecuencias sociales y económicas que ello traerá consigo. Tres en concreto. La primera, a la que dio más importancia, sobre los ciudadanos, "a los que estaremos privando de una solución óptima, quitándole una parte de la funcionalidad que tiene que tener, amputándole una parte de los servicios que tiene que prestar". La segunda, de orden económico-financiera, al afectar a las relaciones mantenidas con terceros, "resintiéndose la cuenta de resultados y habrá quien tenga que responder de ello". Fue en este punto en el que el consejero recordó la exigencia al Consistorio de las 'pérdidas' económicas que traerá consigo esta merma. Y añadió una tercera consecuencia, relacionada con la "inseguridad jurídica" que supondría ante los inversores.