De la Torre insta a "explorar" todas las posibilidades en los Baños del Carmen para abandonar la vía judicial

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, espera que la Junta de Andalucía y los concesionarios de los Baños del Carmen, el grupo de empresarios liderado por los exediles del PP Damián Caneda y José Luis Ramos, acerquen posturas que permitan abandonar la vía judicial para la resolución del conflicto existente. En este punto, les ha instado a "explorar todas las posibilidades".

"Está abierto el diálogo entre la Junta y los concesionarios y es un camino todavía a recorrer" y que, tal y como ha puesto en valor este lunes, "puede ser más rápido que el camino judicial, que siempre tiene una lentitud grande".

En cuanto a si ha abordado esta cuestión directamente con el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha dicho que "no a fondo, pero sí lo suficiente para que conozca nuestro interés en que ese camino, si puede dar fruto, se recorra".

El propio Ruiz Espejo ya expuso que la Junta trabaja para intentar encontrar "una solución pactada" que desbloquee, fuera del ámbito judicial, el conflicto con los adjudicatarios de los Baños del Carmen. No obstante, según precisó, "siempre" ha de ser bajo la premisa del "cumplimiento de la legislación".

Todo ello cuando un veredicto firme sobre el futuro de este emblemático espacio de la ciudad podría producirse dentro de varios años, ya que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga no considera que sea competente en la causa de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen contra la Consejería de Medio Ambiente, a raíz del recurso contencioso-administrativo que los privados interpusieron contra la resolución de incoar el expediente de nulidad de la concesión.

En concreto, el juez pide que se dirima si esta cuestión debe ser enjuiciada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sobre la petición de medidas cautelares, determina que queda en suspenso, hasta resolver a quién le corresponde la competencia, la resolución sobre si se acepta o no la paralización de la retirada de los derechos de explotación que solicitaron los privados.