El Ayuntamiento de Málaga vuelve a acudir a los tribunales en su cruzada contra el proyecto de construcción del Metro en superficie hasta el Hospital Civil. Obviando los últimos reveses judiciales, que rechazaron su petición original de anular el proyecto básico que sirvió de base para esta actuación, la Junta de Gobierno Local acordó ayer interponer otro contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz, de 5 de diciembre, que validaba la apuesta autonómica por ejecutar el ramal e instaba al Consistorio a adecuar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para incorporar el trazado hasta la zona norte.

El paso adoptado por el órgano ejecutivo anula cualquier posibilidad de rectificación en las posiciones que en los últimos años viene manteniendo el equipo de gobierno del PP en contra de esta pieza del ferrocarril urbano a la que, cabe recordar, el propio alcalde, Francisco de la Torre, dio validez a finales de 2013 al firmar el protocolo de intenciones con el que se modificó sustancialmente el trazado definitivo del Metro. El citado documento incluía el acuerdo entre las dos administraciones para suplir el recorrido hasta La Malagueta por un tramo a ras de calle desde la zona de El Corte Inglés hasta el cruce de Blas de Lezo con Arroyo de los Ángeles.

"Ya habíamos advertido de las diferencias de posicionamiento y de la falta de consenso con los vecinos y está el hecho evidente de que con esta actuación se estaba transgrediendo la normativa autonómica y local en materia de accesibilidad y movilidad e iba en contra del planeamiento urbanístico", explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno del PP, Carlos Conde. A su juicio, los informes elaborados por los diferentes departamentos municipales son "contundentes". Los mismos motivaron ya el pasado mes de febrero se reclamase a la Consejería de Fomento la anulación de ese proyecto constructivo, aduciendo, entre otras razones, que "roza la ilegalidad" e incumple la normativa urbanística y de accesibilidad.

Para sustentar esta propuesta, el Ejecutivo local se valió de sendos informes del departamento de Planeamiento de Urbanismo y otro del área de Accesibilidad. En el primero de ellos se incidía en que el desarrollo del tranvía deja cinco calles de la zona "en fondo de saco", es decir quedarán cortadas en uno de sus extremos. En concreto, las calles Prensa, Escritor Enrique Llovet, O'Donnell, y los pasajes Igueldo y Archanda.

Esta circunstancia sirvió equipo de gobierno para poner en duda que con la actuación se garanticen los accesos a los vehículos sanitarios, de seguridad y de Bomberos. "Condenan a 18.000 personas a riesgos en materia de seguridad y salud; quién les va a decir a esos vecinos que no van a poder llegar los camiones de Bomberos o las ambulancias", llegó a decir meses atrás el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares.

De acuerdo con los informes municipales, los fondos de saco están "expresamente prohibidos" en la normativa local porque "responden a una mala praxis urbanística, al ser reflejo de la incapacidad para diseñar una trama urbana continua y conectada, generando serios problemas al acceso para vehículos de emergencia, servicios públicos...". Incluso, se alude a que en algunas de las vías citadas los vehículos tendrían "que salir marcha atrás". En cuanto a la parte de accesibilidad, se indica que el plan autonómico prevé secciones transversales para aceras y calzadas en un único nivel en las calles por donde discurre el tranvía, lo que "incumple reiteradamente la normativa vigente".

Desde la Junta se eludió ayer realizar valoración alguna sobre el acuerdo municipal, emplazando al momento en que se reciba formalmente la decisión adoptada por el Ayuntamiento. Será en ese momento cuando los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento puedan analizar el contenido del contencioso. Quien sí se pronunció fue el portavoz de Cs en la Casona del Parque, Juan Cassá, quien lamentó la decisión municipal de ir a los tribunales. "Muy mala noticia. Denuncia contra algo que De la Torre firmó", recordaba vía Twitter, al tiempo que denunciaba los efectos del "bipartidismo" para Málaga.