Torremolinos renovó a la protectora con la investigación policial abierta

El Ayuntamiento de Torremolinos adjudicó de forma definitiva el contrato para el servicio de recogida, transporte y albergue de animales abandonados y perdidos del municipio por un importe de casi 27.000 euros a la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Parque Animal tan sólo dos meses antes de que la directora del centro fuera detenida por la Guardia Civil por el sacrificio presuntamente irregular de más de 2.000 perros y gatos en menos de dos años.

El decreto por el que se adjudica la concesión del servicio fue firmado por el alcalde del municipio, Pedro Fernández Montes (PP), el pasado 8 de septiembre para que la asociación continuara haciéndose cargo del centro en los próximos dos años, según el documento al que ha tenido acceso este periódico, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) había iniciado hacía varios meses una investigación por un presunto caso de maltrato animal en la protectora.

El contrato se cuantificó en un importe total de 26.940 euros. Una cantidad que al ser inferior a 30.000 euros, la Ley de Contratos del Sector Público permite adjudicar sin publicidad y sin un concurso previo.

Pero tan sólo dos días antes de que le fuera adjudicado el servicio de recogida de animales abandonados, el alcalde de Torremolinos firmó otro decreto por el que autorizaba la cancelación de la garantía de 1.144 euros que la asociación Parque Animal había abonado al Ayuntamiento en concepto de fianza para la ejecución del contrato de servicio desde el año 2004.

Según este decreto, el regidor justifica su decisión en un informe del jefe del servicio del área de Medio Ambiente con fecha 3 de septiembre de este mismo año donde "autoriza la devolución de dicha garantía definitiva por cumplimiento satisfactorio de sus servicios".

Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torremolinos, Juan Ortuño, estos documentos confirman que "hay una vinculación contractual con dinero público entre esta asociación y el equipo de gobierno y queremos que se nos explique".

El edil insistió en que el alcalde de la localidad "debe pronunciarse y ofrecer a la oposición la documentación sobre los contratos que el colectivo mantenía con el Ayuntamiento", por lo que exigió nuevamente la constitución de una comisión de investigación.

La propuesta fue rechazada por el regidor en el Pleno municipal celebrado la semana pasada argumentando, según el PSOE, que "no quería crear un tribunal inquisitorial y que no se podía cuestionar la presunción de inocencia".

Sin embargo, el portavoz del grupo municipal socialista criticó que en esta misma sesión plenaria el propio alcalde "en vez de condenar los hechos" nombró a la directora del centro, C. M., detenida tan sólo cinco días antes por el caso Óbito que destapó el Seprona tras una investigación de varios meses, miembro del consejo escolar.

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