La UMA rumbo a Europa

La universidad está ante uno de los cambios más rotundos que ha vivido en su historia. Desaparecerán ingenierías, licenciaturas y diplomaturas, para dar lugar a los grados. Ya no habrá titulaciones de tres años. Todas serán de cuatro, salvo excepciones puntuales como Medicina. La formación se podrá completar con estudios de posgrado (máster y doctorado).

Las clases magistrales tendrán un papel secundario. La iniciativa estará en manos del estudiante. Y los conocimientos del alumno no se medirán en un examen final, sino que las calificaciones serán el resultado de una evaluación continua. "Se enseñará a aprender", resume Patricia Benavides, directora de Secretariado de Grado de la Universidad de Málaga (UMA).

La envergadura que esta reforma plantea, al menos sobre el papel, pasa un tanto de puntillas fuera de la escena universitaria. En las cocinas se hierven posiciones y oposiciones, pero el olor todavía no llega a la calle, a pesar de que los plazos corren sin tregua.

En octubre de 2009 parte de los alumnos de la Universidad de Málaga, y de toda España, puesto que obliga un Real Decreto de octubre del año pasado, inaugurarán los nuevos planes de estudios. ¿Cuántos estudiantes? ¿De qué titulaciones? No se sabe.

Rectores, decanos, profesores y alumnos esperan como agua de mayo que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU, órgano mixto que congrega, entre otros representantes, a los rectores y la Junta de Andalucía) determinen qué títulos entran en la primera fase de la reforma. El curso siguiente la acomodación al espacio europeo se habrá extendido a la totalidad de la enseñanza superior. Serán ya historia las licenciaturas, diplomaturas e ingenierías.

Faltan, por tanto, 16 meses para que un número indeterminado de estudios universitarios cambien de arriba a abajo. Cuando el CAU fije cuáles son las primeras titulaciones que entran en la reforma, cada una de las escuelas y facultades deberá presentar unos planes de estudios para que atraviesen el circuito burocrático: información de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), dependiente del Ministerio de Educación, y autorización de la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía.

¿Poco tiempo para concretar algo que se empezó a perfilar hace nueve años, en la reunión de los ministros de educación europeos en Bolonia? "La mayoría de los centros trabaja desde hace tiempo en la elaboración de los planes de estudios, pero aún así ajustar los anteproyectos a las directrices impuestas por la Junta requiere tiempo. El listado de titulaciones debería haberse presentado antes para perfilar con rigor y tiempo todos los matices que conlleva elaborar un plan de estudios nuevo dentro del sentir de Bolonia", admite la vicerrectora de Ordenación Académica de la UMA, Ana Lozano. "No se va a contar con un excedente en tiempo" para superar todos los trámites. "Yo pensaría que al contrario", reconoce.

El decano de Económicas, Eugenio Luque, cree sin rodeos que afrontar la reforma para 2009 es "precipitado" y en Andalucía "aún es más precario porque no sabemos los títulos que se van a impartir ese curso". "Es una nueva forma de enseñar, más orientada al mercado. En una facultad como la nuestra, con 4.000 alumnos de ellos 700 de primer curso, lanzarse con todos los grupos es arriesgado".

Bolonia promueve la transferencia de créditos. Es decir, que los contenidos y habilidades que alcanza el alumno en cada universidad europea sean reconocidos en todas las demás. El objetivo es que haya movilidad de estudiantes. Sin embargo, cada centro elabora sus propios planes de estudios. Luque cree que aquí existe un nuevo riesgo: "La heterogeneidad puede ser infinita. Cada titulación tendrá un nombre y un contenido en cada sitio".

Ana Lozano confía en que se haga "buen uso" y no "abuso" de la autonomía universitaria: "Si cada titulación tiene claras cuáles son las competencias que debe adquirir el alumno para el desarrollo de la profesión no habrá ningún problema".

El director de la Escuela de Ingeniería Industrial, Ramón Fernández Feria, defiende la necesidad de la reforma en la que los estudiantes podrán planificar sus estudios con mayor flexibilidad. Pero avisa que es necesario que las titulaciones sean "prácticamente iguales en toda Europa" y que la movilidad "no se utilice para buscar atajos".

Gaspar Garrote, vicedecano de Ordenación Académica de Filosofía y Letras, ve, en cambio, la heterogeneidad como un elemento de interés. "Cada titulación, vista como un producto universitario, tiene que ser diferente para que resulte un aliciente para la movilidad de los alumnos".

Pero el Espacio Europeo de Enseñanza Superior no implica sólo nuevos planes de estudios. Supone, sobre todo, un "cambio de mentalidad", en palabras de la vicerrectora Ana Lozano. Lo normal es que cambiar de mentalidad implique dinero. Ana Lozano no es muy explícita cuando analiza si los recursos económicos para abordar estos cambios son suficientes y están garantizados: "El primer ensayo de la implantación de estas nuevas metodologías de enseñanza puede que se encuentre con algún que otro problema de saber ordenar bien los espacios y los tiempos". Porque habrá menos horas de clases presenciales, pero al profesor se le va a exigir que dedique más tiempo a la tutorización y seguimiento del alumno.

Patricia Benavides admite que habrá centros que tendrán que adecuar sus infraestructuras a los nuevos planes. "Desde hace varios años se están adaptando las aulas, el número de alumnos ha bajado y ya no hay clases para 400 estudiantes". No obstante, reconoce que habrá que hacer un estudio de cada titulación cuando se implante la reforma.

La cuestión económica, sin embargo, es la gran duda que asalta a directores y decanos. "No sé cómo se va a abordar el problema de la financiación pero ése va a ser el principal problema si se quieren hacer las cosas bien", explica Ramón Fernández, de Industriales. "Este cambio no se puede hacer a coste cero, porque entonces no cambiará nada", agrega Eugenio Luque. Además, hay que entender que es un cambio a medio plazo, porque se tienen que modificar las infraestructuras, harán falta clases nuevas y recursos para poder aplicar los nuevos métodos. Todo eso necesita mucha inversión pública".

En este punto también hay espacio para el optimismo. "La financiación para abordar el plan piloto ha sido suficiente", coinciden en señalar Gaspar Garrote, de Filosofía y Letras, y Manuel Hijano, de Ciencias de la Educación.