Unicaja debe aprobar la integración con el Banco Ceiss antes de fin de mes

El 31 de octubre. Ésa es la fecha límite prevista por el último decreto de saneamiento del sector financiero, que el Gobierno aprobó el pasado 31 de agosto. Antes de ese día, las juntas de accionistas de las entidades inmersas en un proceso de integración deben darse el sí definitivo si pretenden beneficiarse de la norma que les permite distribuir en dos balances anuales las provisiones que deben dotarse por los riesgos de sus actuales operaciones inmobiliarias . El siguiente hito en la hoja de ruta es el 1 de enero de 2013. Desde ese día, el nuevo banco resultante del pacto debe operar en los mercados como tal.

Así que o el Ejecutivo otorga una nueva prórroga o faltan 26 días para que Unicaja y Banco Caja España-Duero (Ceiss) culminen la fusión, según admiten fuentes oficiales de la financiera con sede en Málaga, que para nada se muestran inquietas con la premura de este calendario. Pero antes, Ceiss, que suspendió el test de estrés de la firma Oliver Wyman y que de permanecer en solitario necesitaría una inyección inmediata de 1.269 millones de capital, lo que en la práctica supondría su intervención por parte del Estado, está obligada por estos resultados a presentar en dos semanas un plan de reestructuración de su negocio y, alternativamente, otro documento en el que exponga cómo ejecutaría su integración con Unicaja.

En el primer informe, como ahora obliga el memorándum que la Unión Europea firmó con el Gobierno para recibir ese rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros, Ceiss debería especificar qué activos tóxicos podría traspasar a la Sociedad de Gestión de Activos, el llamado banco malo creado por el Gobierno, y que pérdidas podría diluir, por ejemplo, como deuda subordinada antes de solicitar esa ayuda pública para reforzar su capital. Así que como consecuencia de este nuevo escenario, el contrato de integración suscrito con Unicaja en septiembre de 2011 y modificado en marzo de este año, antes de que la legislación contemplara el llamado banco malo para transferirle los activos tóxicos inmobiliarios, puede que ahora mismo también sea papel mojado. Aunque sobre este punto dos fuentes cercanas a Braulio Medel, el presidente de la entidad financiera andaluza, no acaban de coincidir.

El caso es que en el actual esquema de integración entre Unicaja y Ceiss se define con números contantes la operación: la entidad castellana ya había recibido del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) 525 millones de dinero público para hacer frente a su deuda. Además obtenía el plácet del Banco de España para ingresar otros 525. Ese montante global lo transfería a Unicaja Banco, que quedaba liberado de cargas. La responsabilidad de devolver esos 1.000 millones era exclusiva de Caja España-Duero a cuenta de los teóricos beneficios que arrojaría su participación en un 30% en esa nueva entidad resultante del pacto. Por su parte, Unicaja también disponía de un crédito de hasta 1.025 millones en bonos contingentes convertibles en acciones, los denominados Cocos. Pero aunque en Unicaja se considera que no puede haber marcha atrás con esas ayudas, otras fuentes admiten que estaban condicionadas a la normativa prevista. Y después de aquello, el Gobierno ha promulgado dos decretos ley, conocidos como Guindos 2 y Guindos 3, en referencia al ministro de Economía, y Rajoy firmó además el memorándum para posibilitar el rescate financiero por parte de Europa. Una legislación prolija y poco tiempo para desarrollarla dentro de sus propios plazos.