Salvo sorpresa de última hora, la piqueta de la Gerencia de Urbanismo demolerá lo que resta de una casa de madera levantada por sus propietarios sobre un suelo no urbanizable de especial protección e inundable en Santa Águeda, en el distrito de Campanillas. La ejecución subsidiaria se producirá en respuesta a los varios requerimientos realizados por un juzgado de la ciudad, que ya sentenció en 2008 la irregularidad de la actuación y la obligación de derribar lo levantado. Y el propietario fue condenado a seis meses de cárcel y al pago de una multa superior a los 6.000 euros cuantía a la que sumar otros 30.000 euros en multas coercitivas. El ultimátum dado por Urbanismo fue comunicado en la noche del pasado jueves por medio de una notificación entregada por la Policía Local. En la misma se hacía ver que el derribo se efectuará mañana a primera hora. El paso dado se produce después de que un inspector comprobase que los supuestos trabajos de demolición a los que se había comprometido la propiedad no se han desarrollado. Fuentes conocedoras del caso indicaron que el procedimiento se paralizó hace un año porque la propiedad inició el derribo; sin embargo, la tarea en ningún caso se culminó, según se desprende del informe de inspección.

Y ante esta realidad, el juzgado volvió a reclamar a Urbanismo el cumplimiento de la sentencia. Muestra del tiempo que acumula este asunto es que ya en marzo de 2015 el Ayuntamiento comunicó a la propiedad que tenía que proceder a la demolición, advirtiendo de que en caso de no actuar de manera lo haría el Consistorio. Elvira es la propietaria de la casa. Consciente de la imposibilidad de acabar el desmontaje en el tiempo dado, solicita un mes más para acabar el trabajo. "Voy a demoler; lo que pido es un mes para poder bajar toda la casa, porque solo en madera son 70.000 euros", explicó a este periódico, al tiempo que se preguntó "cómo va a poder pagar un demolición que puede costar entre 20.000 y 30.000 euros". En la actualidad su marido está en paro y el único salario que entra en su casa es el suyo. Desde hace algo más de un año viven en un piso social facilitado por el propio Consistorio.