El estudio de inundabilidad del río Guadalhorce impulsado por la Junta de Andalucía sigue ganando enteros para convertirse en hito de conflicto entre ambas administraciones. Al menos en lo que toca al Ayuntamiento de Málaga, el documento ha acabado por convertirse en cuestión de estado tras comprobar cómo sus conclusiones obligarían o a transformar de manera radical las proyecciones urbanísticas de buena parte de los suelos localizados en las márgenes de la parte baja del cauce o a ejecutar medidas con las que corregir el riesgo de desbordamiento calculadas en 61,7 millones de euros en esta parte de la traza. De ellos, 41 millones corresponden a intervenciones prioritarias.

El asunto vuelve a ser tratado en el Pleno de hoy ante la decisión del equipo de gobierno del PP de presentar por vía de urgencia una moción reclamando a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda la paralización del citado estudio. Desde el departamento autonómico confirmaron que el documento "está en proceso de verificación por parte de los servicios centrales". "Los técnicos de la consejerÍa están comprobando que todo el contenido y la metodología son adecuados, para que todo sea correcto", precisaron, al tiempo que subrayaron la disposición a mantener nuevas reuniones técnicas con el Ayuntamiento.

De acuerdo con las explicaciones de la concejala de Promoción Empresarial, Ana Navarro, los empresarios de los polígonos industriales afectados por las nuevas huellas inundables marcadas en el estudio se encuentran en una situación de "inseguridad jurídica clara". Incluso, aludió a que la amenaza del estudio provoca un retraimiento claro sobre inversores potencialmente interesados en adquirir parcelas en este espacio. La incidencia, según la edil del PP, va a más, ya que "los propios promotores calculan que sus propiedades se han devaluado un 50%".

¿Por qué? De acuerdo con los cálculos manejados en su momento por la Gerencia de Urbanismo, la ampliación de la huella de inundabilidad del Guadalhorce, al tomar en consideración una posible avenida con 500 años de retorno, acaba manchando más de medio centenar de sectores incorporados en el PGOU vigente. "El estudio afecta al 70% del suelo industrial de Málaga", apostilló Navarro, algo en lo que coincidió el presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos.

Éste significó que de aplicarse el contenido del informe, "sería la ruina" para los empresarios. "Si yo voy a invertir te aseguro que no iría a una zona que, según un informe, es inundable", expuso Cuberos, para el que el trabajo encargado por la Junta, que data de octubre de 2012, es "una auténtica aberración". A la caída del valor del suelo se suma el incremento de los costes relacionados con los seguros. "Si se declara como inundable, nuestros seguros tienen que preverlo y eso puede suponer que se dupliquen", añadió. Al tiempo, advirtió que la posición de Apoma será la de recurrir el documento.

Ante esta extensión del riesgo, el estudio pone sobre la mesa alternativas de actuación. La primera obliga al Ayuntamiento a modificar los usos urbanísticos contemplados. Para los sectores urbanos, sin edificaciones consolidadas, la idea pasa por "el cambio de uso hacia actividades más compatibles con el riesgo de inundación"; en el caso de los suelos urbanizables, la opción es que pasen a ser recalificados a "no urbanizables".

Una vía que descarta de plano Urbanismo. "Eso supone cargarse todo el suelo", sentenció el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, para el que el estudio es "demoledor para los intereses económicos de toda la zona del Guadalhorce". Respecto a los posibles cambios, precisó que el único uso compatible con zona inundable es el de zona verde, mientras que dejar como no urbanizable los terrenos "dejaría esos terrenos sin valor". Y advirtió de que actuar de ese modo enfrentaría al Consistorio a numerosas demandas de patrimoniales.