Urbanismo rechaza pagar a la familia del alcalde 749.000 euros por un solar

El Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo tumbará el próximo martes la pretensión de la familia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de cobrar casi 750.000 euros por la expropiación de un terreno que el ente municipal valoró inicialmente en 19.436 euros. El pronunciamiento al que se dará luz verde en la próxima sesión del organismo, presidido por el propio De la Torre, sitúa ahora la cifra final de compensación en 23.855 euros, toda vez que se ha incrementado la cantidad correspondiente a los intereses de demora, al tiempo que se consignan 2.993,27 euros en concepto de daños y perjuicios.

Los números difieren sustancialmente de los reclamados por la representación legal de la familia del regidor del PP, copropietaria de la parcela objeto de la enajenación municipal. En concreto, la hoja de aprecio presentada por los propietarios afectados multiplicaba por 31 lo que finalmente acuerda pagar Urbanismo. De la suma, 475.358,92 euros se correspondían con el valor de los terrenos; 113.180 euros por indemnización vía de hecho, y los restantes 160.614 euros por intereses de demora.

Estos parámetros económicos, así como la defensa de que la expropiación afectó a una finca de 620,3 metros cuadrados y no de 405,59 metros, como defendía el Consistorio, fueron plasmados en el recurso presentado por el abogado de la familia del alcalde, Luis Portero (sobrino del mandatario), con fecha 27 de febrero de 2015. Ahora, de acuerdo con la documentación oficial, Urbanismo rechaza en todos sus extremos el citado recurso, no solo en la parte económica sino también en la superficie de la finca Chafarinas, situada en la zona más occidental del paseo marítimo. Este asunto ya fue objeto de un recurso judicial por parte de Portero contra el Ayuntamiento "por inactividad", siendo el mismo desestimado.

De acuerdo con la nota simple de fecha 20 de enero de 2015, la parcela figuraba inscrita a favor de María Victoria Prados Gómez, madre del regidor, "en cuanto a una mitad indivisa", mientras el resto estaba repartida entre otros cuatro propietarios. Entre ellos se encontraba Concepción Díaz Gutiérrez, cuyos herederos denunciaron supuestas irregularidades en el procedimiento seguido.

Urbanismo, que ahora se opone a los valores reclamados por la familia De la Torre, llegó a asumir esa misma reclamación por medio de un informe de la Asesoría Jurídica de octubre de 2014. No fue hasta cuatro meses después, con el procedimiento judicial ya abierto, cuando el organismo rectificó, aclarando que el acuerdo de allanamiento realizado no aludía a la pretensión económica. Y se da la circunstancia de que la reacción tuvo lugar días después de que la familia Díaz Gutiérrez hiciese ver lo que estaba ocurriendo.