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El primer juez instructor del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales en el despacho de abogados Cruz Conde de Marbella, Francisco Javier de Urquía, ha sido condenado a dos años de prisión, 18 meses de multa a 100 euros diarios y 17 años de inhabilitación por aceptar un soborno de 60.000 euros para acordar la libertad de tres sospechosos de lavar en la Costa 136 millones procedentes de un fraude de IVA en Bélgica. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que también le condena a pagar una multa de 60.000 euros, le considera culpable de los delitos de prevaricación continuada y cohecho.
De Urquía fue apartado de la carrera judicial después de que el Tribunal Supremo le condenara a 21 meses de suspensión en marzo de 2009 por recibir 73.800 euros de Roca a cambio de favores judiciales. No obstante, en la actualidad se encontraba suspendido por el Consejo General del Poder Judicial a la espera de que se resolviera este último juicio.
El alto tribunal andaluz precisa en la sentencia que, dentro de las actuaciones que desarrolló en el caso Hidalgo, Urquía determinó el 17 de abril de 2007 el ingreso en prisión sin fianza de Jan Nadir y Khadija Dahmany por existir indicios de que habían blanqueado en la Costa 136 millones de euros defraudados a la hacienda pública belga. Nada más producirse estos arrestos voló hasta Marbella el marido y tío de los detenidos, Azam Khan, y De Urquía, de nuevo, dictó su ingreso prisión preventiva por los mismos hechos. Según aquel auto de encarcelamiento, la familia supuestamente "había utilizado el entramado societario proporcionado por el despacho de abogados Cruz Conde y por la asesoría Santa Ana para ocultar el producto del delito cometido en Bélgica".
A partir de ese momento irrumpió en la escena un personaje de la jet marbellí: Arnaud Frabice Albouhair, hijo de Olivia Valére, dueña de la discoteca Oh Marbella y una figura esencial de la noche marbellí. Arnaud se encontró "con su amigo Azam Kan" cuando iba a declarar en los juzgados de Marbella, le contó que conocía al juez y que podría ayudarle tanto a él como a sus familiares en el caso Hidalgo "a cambio de dinero".
Este ofrecimiento se concretó "en que Azam Khan entregase 60.000 euros como pago para que Francisco Javier de Urquía acordase la libertad de Azam Khan, de su esposa Khadija Dahmany y de su sobrino Jan Nadir". La entrega la realizó Tariq Khan, hermano de Jan Nadir "por orden de Azam Khan", cuando éste ya se encontraba en la prisión. Quince días después, o sea el 2 de mayo de 2007, "cumpliendo con lo prometido", Francisco Javier de Urquía, titular entonces del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, dictó tres autos en los que acordaba la libertad provisional bajo fianzas de entre 50.000 y 100.000 euros de los tres sospechosos. Esta decisión la fundamentaba el entonces magistrado en que los delitos de blanqueo que se investigaban en el caso Hidalgo también eran objeto de otro procedimiento judicial en Bélgica.
La sentencia del TSJA precisa que De Urquía acordó la libertad provisional de los tres imputados sin haber comprobado que efectivamente en Bélgica eran objeto de pesquisas por los mismos hechos. Precisa que no se aportó a la causa "documento alguno que justificase las meras alegaciones efectuadas en las comparecencias de los imputados sobre el proceso que se sequía en Bélgica, sin haberse acreditado ni comprobado" que se trataba de los mismos delitos y sin justificar el arraigo o riesgo de evasión de la justicia que motivaron el ingreso en prisión.
No obstante, el TSJA ha absuelto a Urquía de los delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secretos judiciales que le atribuía la Fiscalía a consecuencia de las medidas que impuso para bloquear bienes a los imputados en el caso Hidalgo, así como por nombrar a un determinado administrador judicial para las sociedades intervenidas. Además, Arnaud Fabrice Albouhair ha sido condenado por cohecho a dos años de cárcel y multa de 60.000 euros, mientras que Azam Khan también ha sido considerado culpable de cohecho y el tribunal le ha impuesto un año de prisión y multa de 70.000 euros.
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