Victoria de los empleados de Limasa al recuperar derechos perdidos

El conflicto laboral que se mantiene abierto en la empresa mixta de limpieza Limasa desde hace cuatro años dio ayer un giro inesperado en una jornada de infarto a escasos dos días de que comience la huelga indefinida del servicio de limpieza y recogida de basura convocada por los trabajadores. El Juzgado de lo Social número 8 de Málaga en una oportuna sentencia hecha pública ayer da la razón al comité de empresa al considerar que el principio de acuerdo firmado en diciembre de 2013 para poner fin al paro indefinido que hubo entonces no tiene rango de convenio colectivo, como pretendía la sociedad, y declara como el único en vigor el de 2010-2012 que será de aplicación hasta la firma de uno nuevo.

Eso supone de entrada que los 1.300 trabajadores fijos recuperen de entrada a partir del 1 de enero de 2016 los derechos que perdieron tras la firma de aquel acuerdo como la paga de productividad, los descansos los fines de semana, disfrutar de las vacaciones entre junio y septiembre, y poder volver a trabajar los festivos a razón de 140 euros por día y operario.

La resolución judicial supone un duro mazazo contra las pretensiones de la empresa, de la que el Ayuntamiento de Málaga tiene el 49% del accionariado frente al 51% de sus socios privados FCC, Urbaser, Sando y Unicaja, de no aumentar el presupuesto de limpieza para el año que viene, que se estimaba que rondaría como en los dos últimos años los 86 millones de euros. Sin embargo, cumplir con el convenio que el juez considera en vigor supone al menos 8,3 millones de euros más, según los cálculos de la propia Limasa.

Además la sentencia echaba por tierra el último intento de la sociedad de frenar la huelga prevista a partir del lunes, ya que había pedido la suspensión cautelar de la huelga amparándose en que el tema del convenio estaba judicializado y que no estaría justificado mientras no haya sentencia. Y es que ayer poco después de conocerse la resolución judicial, la titular del Juzgado de lo Social número 5 consideró que no era procedente aceptar la medida cautelar.

La noticia, en cambio, fue recibida con gran alivio por los representantes sindicales del comité, cuyo presidente, Manuel Belmonte (UGT), dijo que "se ha demostrado quien ha dicho siempre la verdad" puesto que en la sentencia se precisa que el principio de acuerdo "ciertamente ha tenido efectos en las relaciones laborales dentro de la empresa, pero ello no lo convierte en un convenio colectivo".

Precisamente el origen del embrollo actual y que derivó en la convocatoria de huelga convocada a partir del lunes es aquel principio de acuerdo firmado en 2013 y que vence el 31 de este mes. La empresa planteaba que la negociación del nuevo convenio debía partir de lo pactado entonces hasta el punto de que intentó registrarlo como convenio y se topó con que la Junta de Andalucía no lo reconoció como tal. Los representantes sindicales, en cambio, siempre se han opuesto a que ese documento tiene validez de convenio y que por tanto cualquier debate sobre el futuro convenio laboral de la empresa de limpieza tiene que empezar con la base del convenio 2010-2012, el mismo que ha derivado en cuatro convocatorias de huelga en los últimos cuatro años.

Tanto es así que ese principio de acuerdo derivó en dos procedimientos judiciales abiertos. Uno a raíz de una demanda que la dirección de Limasa presentó contra el Gobierno andaluz por negarse a darle rango de convenio y cuyo juicio se ha aplazado hasta el 19 de mayo del próximo año. El otro, en cambio, sí llegó a celebrarse el pasado 25 de noviembre en el Juzgado de lo Social número 8 de Málaga derivado de una demanda interpuesta por el sindicato UGT contra la sociedad por pretender registrar sin su consentimiento el acuerdo como convenio y que ha terminado con la sentencia de ayer

Aunque contra ella cabe recurso de suplicación, el comité de empresa exigió ayer a Limasa la garantía de que no la recurrirá y que acatará lo fallado por el Juzgado como requisito para desconvocar la huelga a partir del lunes. Belmonte explicó que "queremos que se comprometan a que hasta la firma del nuevo convenio son se plantee ningún Expediente de Regulación de Empleo temporal o total ni la alteración de las condiciones laborales de los trabajadores".

Si eso ocurre, los representantes sindicales están dispuestos a suspender la huelga y a retomarla sólo en el caso de que se incumpla lo acordado. Ese fue el planteamiento expuesto ayer por el comité en la reunión de mediación mantenida ayer en el Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) y que terminó sin avenencia.

Tanto la empresa como el Ayuntamiento de Málaga eludieron ayer hacer cualquier tipo de valoración tras la varapalo judicial y la vuelta de tuerca que ha sufrido el conflicto laboral abierta. Mientras tanto, el comité de empresa adelantó ayer que la decisión de seguir adelante o no con la huelga se tomará mañana en la asamblea de trabajadores que ha sido convocada a las 12:00 horas en el Centro Ambiental Municipal Los Ruices.

Los miembros del comité expondrá la situación actual en la que quedan las cosas tras la sentencia de ayer y que se remonta a lo acontecido hace dos años.

En aquel momento la empresa y los sindicatos firmaron un acuerdo sobre los artículos 2, 3, 25, 26, 40, 48 y 57 como principales escollos que motivaron la huelga y el anexo relativo a vestuario, mientras que el resto del articulado debía negociarse más adelante. Pero a pesar de ello, Limasa siguió adelante en su intento de dar por zanjado el asunto con la aprobación del convenio por parte de la Junta de Andalucía, que se negó tajantemente.

La desconvocatoria de la huelga que los trabajadores de Limasa iniciaron el 20 de diciembre de 2013 se firmó cuatro días después e incluía ampliar la vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y se eliminaba la paga de productividad, la cesta de Navidad y el complemento en caso de baja por enfermedad durante los primeros 15 días a partir de la tercera en el año. Además, se decidió la congelación salarial excepto en el plus de antigüedad, la reducción del vestuario, que las vacaciones se distribuirían en 15 días de mayo a octubre y 21 el resto del año, y que la jornada semanal sería de 35 horas de lunes a viernes pero con la obligación de trabajar un sábado cada cuatro.