La dueña de Villa Fernanda reclama al Ayuntamiento 27,6 millones

Piquio le responsabiliza de la anulación del estudio de detalle y de no poder edificar

Prevé interponer una demanda judicial

El largo y complejo proceso que desde el año 2005 vive la finca de Villa Fernanda puede acabar teniendo repercusiones más que significativas para el Ayuntamiento de Málaga. La empresa propietaria del inmueble, Piquio S.A., acaba de exigir al Consistorio una compensación económica que se cifra en algo más de 27,6 millones de euros ante la imposibilidad de construir en la parcela.

Así consta en la reclamación patrimonial que la mercantil formuló en mayo del año pasado y que ahora da por rechazada ante la ausencia de una respuesta oficial por parte de la institución municipal en el plazo marcado. Esta circunstancia hace que, según confirmó el abogado de Piquio, Antonio Martín Lomeña, se esté preparando la presentación de una demanda por la vía contencioso-administrativa.

La petición económica se sustancia en el derecho que cree tener la empresa a ser compensada después de que, primero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, después, el Tribunal Supremo, sentenciasen en favor de la anulación del estudio de detalle que permitía a la promotora la ejecución de hasta medio millar de viviendas en este espacio de la zona Este de la capital.

De hecho, en la solicitud realizada por la firma privada, a la que tuvo acceso este periódico, se precisa, de un lado, la demanda de una suma de 19.040.850,2 euros por "el daño emergente como consecuencia de la depreciación del valor del suelo vinculado a la finca Villa Fernanda y de las inversiones para el desarrollo de la promoción que han devenido inútiles". A este primer concepto se añade un segundo, valorado en 8.631.919 euros y correspondiente al "lucro cesante por pérdida del beneficio del promotor".

A juicio del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, "no a lugar" a esta reclamación y habló de que los equipos técnicos de Urbanismo, así como la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, estaban estudiando el asunto. Frente a la posición del Ejecutivo local, la mercantil sostiene que todo el proceso ha existido una "dejación" por parte de la Administración local, entre otras razones por no haber realizado un estudio paisajístico que hubiese podido salvar el estudio de detalle.

Según Martín Lomeña, el TSJA resolvió anulando este instrumento urbanístico sobre la base de que el mismo estaba incompleto, ya que conforme al reglamento de Planeamiento Urbanístico del año 75 "era obligatorio un informe paisajístico". Informe que no se incorporó a pesar de que, según el letrado, fue reclamado en sendos informes por parte de los departamentos de Planeamiento de Urbanismo y del Observatorio de Medio Ambiente Urbano, el OMAU. Sí confirmó que en los últimos meses se han mantenido reuniones con Urbanismo que, conforme a la deriva de los acontecimientos, no resultaron fructíferos.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 asignaba una edificabilidad de 5.282 metros cuadrados de techo a la parcela de Villa Fernanda, lo que podía traducirse en unas 50 viviendas. La tramitación del proyecto presentado por Piquio se sustanció en un estudio de detalle que recibió la aprobación definitiva por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento a mediados del año 2008.

La intervención contemplaba la rehabilitación de los tres edificios históricos que componen la villa, además de la construcción de dos bloques de viviendas de tres plantas; uno de ellos en la zona ocupada por pista de tenis y el segundo sobre lo que ahora es el césped de la piscina. Sin embargo, en diciembre de 2008 la comunidad de propietarios del edificio La Era solicitó en vía judicial la anulación del citado estudio de detalle. Tras una primera sentencia favorable por parte del alto tribunal andaluz tuvo lugar, en mayo de 2016 el Supremo confirmó este fallo, invalidando el instrumento mediante el que se respaldaba la construcción de viviendas en este espacio.

No es la primera vez que el Ayuntamiento se topa ante una reclamación económica por parte de una promotora. Años atrás, Baensa le reclamó sumas millonarias por los antiguos cines Astoria y Victoria (10 millones) y por la imposibilidad de ejecutar una promoción junto al mercado de El Carmen (19,9 millones).

Tramita un cambio de uso para poder organizar eventos

Como alternativa, con el fin de poder explotar el espacio, Piquio ha tramitado un expediente para cambiar el uso de la parcela con el fin de organizar eventos y banquetes. La actividad proyectada se desarrollará en el interior de la finca, cuya superficie asciende a los 10.849 metros cuadrados. La iniciativa incluye, se indica, la rehabilitación integral de los edificios existentes en la parcela "con el fin de permitir su explotación para la celebración de eventos y reuniones sociales al aire libre en sus distintas zonas ajardinadas exteriores mediante catering". La distribución planteada permitiría la celebración de actos con una asistencia máxima de hasta 150 personas. Contaría con espacio de recepción-cóctel; dos zonas diferenciadas para comidas-cenas, y un recinto cerrado de baile. A todo ello se suma un espacio para un pequeño aparcamiento con 22 plazas disponibles. Del total de la parcela, de 10.849 metros cuadrados, 175 metros se reservan para una carpa; 243 metros para zona de barra; 130 para catering; otros 262 para almuerzos y cenas; 2.620 metros para zona de público (al aire libre) y los restantes 7.419 metros se mantienen como zonas de paseo y jardines.