De finca catalogada en la zona Este en la que se llegaron a dibujar y proyectar una veintena de viviendas a villa que dará cabida a la organización de eventos y banquetes. Esta es la transformaciones de uso que al cabo de los años ha acabado sufriendo Villa Fernanda. Su nombre está íntimamente ligado al de una de las mayores polémicas urbanísticas vividas en la capital de la Costa del Sol en la última década, al punto que el aval municipal para que se ejecutase el desarrollo residencial que se le autorizó al propietario de la parcela, Promociones Piquio, acabó siendo anulado por los tribunales. Primero por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después, de manera definitiva, por el Tribunal Supremo.

Y ante la imposibilidad de colocar ladrillo sobre parte de los jardines y de la piscina, se abre la puerta a una actividad lucrativa que nada tiene que ver con lo inmobiliario. Piquio tramita ahora, junto a la empresa Parque Catering S.L., un cambio de uso con el fin de poder utilizar la finca en su globalidad para la celebración de eventos sociales. En concreto para "restaurante y salón de celebraciones sin música", se apunta literalmente en el procedimiento ambiental que ya está incurso en el área de Sostenibilidad municipal.

De acuerdo con los datos técnicos conocidos por este periódico, la actividad proyectada se desarrollará en el interior de la finca, "originalmente residencial", cuya superficie asciende a los 10.849 metros cuadrados. La iniciativa incluye, se indica, la rehabilitación integral de los edificios existentes en la parcela "con el fin de permitir su explotación para la celebración de eventos y reuniones sociales al aire libre en sus distintas zonas ajardinadas exteriores mediante catering".

La distribución planteada permitiría la celebración de actos con una asistencia máxima de hasta 150 personas. Contaría con espacio de recepción-cóctel; dos zonas diferenciadas para comidas-cenas, y un recinto cerrado de baile. A todo ello se suma un espacio para un pequeño aparcamiento con 22 plazas disponibles. Del total de la parcela, de 10.849 metros cuadrados, 175 metros se reservan para una carpa; 243 metros para zona de barra; 130 para catering; otros 262 para almuerzos y cenas; 2620 metros para zona de público (al aire libre) y los restantes 7.419 metros se mantienen como zonas de paseo y jardines.

De acuerdo con el estudio acústico incluido en el expediente de calificación ambiental, la actividad que se promueve no superará los niveles acústivos permitidos en la zona. No obstante, se pone sobre la mesa, como medida paliativa, la instalación de un apantallamiento perimetral alrededor de la zona de comidas-cenas.

La última decisión judicial que cerró definitivamente el camino a la construcción de viviendas fue formulada por el Supremo a principios del año pasado. Con ese fallo, que avalaba otro anterior del TSJA, anulaba el estudio de detalle acordado por el Consistorio por silencio administrativo y que daba luz verde a la propietaria a desarrollar un techo residencial cercano a los 6.000 metros cuadrados. Una de las razones esgrimidas por el Alto Tribunal fue el "importante impacto visual" que la ejecución de los dos bloques de viviendas iba a generar dentro del conjunto, afectando además a la masa vegetal del jardín catalogado.

El jardín de esta villa está protegido en el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), catálogo en el que se destaca las "reminiscencias románticas" del espacio y la existencia de 172 ejemplares catalogados, con 24 especies. Precisamente, el planeamiento vigente eleva el peso de la protección sobre este tipo de espacios, incidiendo en que un jardín protegido "se considera inedificable".

Una de las dudas que se abrió en ese momento es si la anulación del estudio de detalle, eliminando la posibilidad de ejecutar el aprovechamiento residencial al que tenía derecho la propiedad, puede obligar al Ayuntamiento a compensarla. Tales aprovechamientos se correspondían con los parámetros del plan de 1997, posteriormente modificados en el planeamiento de 2011. La finca llegó a ser tasada en 2008 por los técnicos municipales en unos 27 millones de euros. El alcalde, Francisco de la Torre, incluso llegó a señalar en su día que los parámetros planteados en el estudio de detalle ahora anulado "no son absolutamente negativos". "Son encajables y aceptables, aunque puede haber soluciones mejores", dijo. A pesar de ello, a finales de 2009, los concejales del PP avalaron la propuesta de IU de que fuese la ciudad la que asumiese la adquisición de la finca. Un paso que nunca se materializó.