La violencia en las aulas se ha convertido en un desafío preocupante en el ámbito educativo. Los docentes se enfrentan a situaciones de agresiones físicas y verbales como insultos, vejaciones, amenazas y humillaciones, que ha hecho que el sector se plantee si realmente están seguros y tienen la autoridad necesaria para hacer frente a estas circunstancias. Profesores de Málaga aseguran que, pese a haber un protocolo que se activa en el momento que se produce una agresión de cualquier tipo en el aula, se sienten “desprotegidos” y que no están formados para hacer frente a estas situaciones. De igual forma, inciden en que “esto va a ir a peor” si no se hace algo para prevenirlas.

El último caso de violencia en un instituto en Andalucía ha hecho saltar las alarmas en todo el sistema educativo andaluz. Los últimos datos que se conocen sobre este tipo de violencia son del curso 2021-2022 y señalan que un total de 179 docentes tuvieron que ser atendidos durante ese año académico por afrontar experiencias de conflicto en el ámbito escolar en Andalucía. Estos datos supusieron un aumento de 15 casos más respecto al curso anterior, según recogió ANPE del informe andaluz del Defensor del Profesor. Asimismo, de ese total de casos, un 9% corresponden al nivel de Educación Infantil, un 40% a la Educación Primaria, un 41% a la Enseñanza Secundaria, un 2% a los Ciclos Formativos y un 8% a Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

En este sentido, Guillermo Hernández, presidente de ANPE Málaga, sostiene que en Málaga son conscientes de que el profesorado se enfrenta a agresiones verbales como insultos, amenazas o humillaciones, según su estadísticas. A la hora de actuar ante una agresión, los docentes deben seguir un protocolo que consiste en “dirigirse al equipo directivo, poner en conocimiento los hechos y si lo considera oportuno presentar una denuncia”. Asimismo, señala que estas conductas derivan de una falta de preparación del alumnado, que deberían de tratarse con un especialista “sobre todo para tratar sus habilidades sociales, siempre con una cooperación estrecha con las familias”.

El presidente de ANPE Málaga también apunta que una “medida preventiva” para estas agresiones o para el acoso escolar podría ser “crear en los centros una patrulla donde los alumnos informasen a los tutores”. Eso sí, “se tendría que realizar de forma anónima para que no sean increpados como los chivatos” y así detectar casos que el docente no vería.

Miguel Ángel Ronda es profesor del Centro Público Integrado de Formación Profesional de Campanillas y antes las situaciones de violencia en las aulas asegura que los docentes se sienten “desprotegidos pese a todos los avances”. Cuando sufren una agresión verbal o física sostiene que solo pueden "ser un saco de boxeo para recibir impactos” y después activar el protocolo de actuación. En esta línea, señala que desde su centro educativo, intentan, a través de la educación y el respeto, que el alumnado entienda que están "para ayudar, son uno más y forman parte de un grupo”. A su juicio, es primordial “cohesionar un grupo” puesto que si alguien se queda fuera se está “sembrando una semilla que al final puede desembocar en violencia”.

Falta de formación ante las situaciones de violencia

Por su parte, José Luis Pérez, que es profesor en un instituto de Málaga, indica que lo que hace falta en los centros educativos es formación. “Se debería de trabajar cada cierto tiempo en la violencia escolar y formar a docentes, al personal administrativo, a conserjes e incluso limpiadores”, señala el docente. Además, añade que dialogan con los estudiantes sobre la “violencia entre ellos”, pero cuando se trata de una agresión a un docente se sienten “indefensos”, ya que no saben qué hacer y en estas circunstancias apunta que “enseña la experiencia y esta realmente no es la mejor compañera en estos casos”. Por lo que, a su juicio, “no hay que esperar a que ocurra algo, hay que prevenirlo”.

Con este docente coincide el director del CEIP Manuel Altolaguirre de Málaga, Miguel Ángel Muñoz, que también insiste en que “esto va a ir a peor” si no se toman medidas para prevenir estas situaciones. Muñoz sostiene que hay muchos estudiantes que “consideran que la vida es un juego por lo que ven en los videojuegos” y a esto le añade que muchas familias educan a sus hijos de una manera “laxa, donde consideran que querer a un niño es darle todo lo que quieren porque pueden traumatizarse. También asegura que "hay niños que no saben lo que es pedir perdón cuando se equivocan porque no se dan cuenta de su error” y como consecuencia “las escuelas recogen los reflejos de lo que los niños ven en su día a día”. Por lo que hace falta “disciplina” y educar a los niños de manera que sepan expresar sus emociones y enseñarles que la solución a sus problemas “no es la violencia” porque actualmente la sociedad “está dejando paso a la emoción frente al raciocinio”, cuando realmente la razón debe prevalecer, según Muñoz.

Muchos docentes necesitan ayuda psicológica tras una agresión

En cuanto a la detección de posibles casos de violencia en las aulas, Lourdes Zoraida Fernández del CEIP Mare Nostrum en Torrox, asegura que trabajan para mantener un ambiente tranquilo y detectar los problemas antes de que "escalen". En el caso de detectar una agresión, donde también incluye el acoso escolar, activan el protocolo de actuación, del cual, Francisco Pérez, jefe del departamento de Bienestar y Seguridad del IES La Rosaleda de Málaga, considera que hace falta más información sobre cómo implementarlo. En este sentido, señala que en su centro intentan estar formados para evitar estas situaciones, pero cuando se dan “el docente se siente humillado y menospreciado porque hay una falta de autoridad”. Asimismo, explica que en estos casos hay profesores que necesitan un tratamiento o ser atendido por un psicólogo, dependiendo de cómo le haya afectado. En cuanto a los alumnos apunta que la forma en la que actúen depende “de la edad y de cómo gestionan la crisis y sus emociones”.

Desde la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, señaló ayer que ante estas situaciones los docentes tienen a su disposición de manera “permanente” asistencia psicológica y jurídica. Asimismo, los estudiantes también pueden acudir al equipo de orientación para ser tratados. Por otro lado, la consejera indicó que desde el curso 2018-2019 y hasta el de 2021-2022 los expedientes abiertos por posibles casos de acoso escolar en los centros educativos andaluces han descendido. Según explicó en el curso 2018-2019 se abrieron 1.535 expedientes y se constataron que 201 eran situaciones de acoso. En cambio, en el curso 2021-2022 se abrieron 1.367 expedientes y se constataron 140 casos. Esto quiere decir que los expedientes abiertos descendieron un 11% y los casos de acoso un 30%.