Un abogado amenaza con exigir la declaración del juez Torres

La estrategia de las defensas para desacreditar la investigación del caso Malaya y, especialmente, la labor realizada por el juez de instrucción Miguel Ángel Torres subió ayer un nuevo peldaño cuando uno de los abogados amenazó con pedir que comparezca el magistrado en el juicio para declarar como testigo. El letrado José Antonio Choclán, que representa Óscar Benavente, presunto testaferro de Juan Antonio Roca, anunció en los últimos minutos de la vista oral de ayer que se "reserva" su derecho a exigir la testifical del juez instructor porque en el sumario no figura toda la información que barajaron los investigadores al comienzo del caso.

Durante el interrogatorio a uno de los inspectores que lideraron las pesquisas en torno a la corrupción en Marbella, el letrado requirió al agente que explicara por qué se pidió intervenir el teléfono de Benavente si, de acuerdo con las causa, no tenían nada contra él y las escuchas telefónicas previas a Juan Antonio Roca habían resultado negativas. El inspector respondió que el propio juez les puso al tanto de que la prensa había publicado informaciones que vinculaban a ambos. Entonces fue cuando comprobaron que el Diario de Jerez, propiedad del grupo Joly también editor de Málaga Hoy, había publicado las maniobras de Roca y Benavente para hacerse con el equipo de fútbol Jerez Deportivo. Además, El Mundo, en otra información, había señalado a Benavente como el titular formal de determinadas propiedades de Roca.

Esta respuesta fue la que sirvió al letrado para sugerir su probable petición "por escrito" de la comparecencia del juez instructor porque, según su versión, esas informaciones previas que manejó la Policía no figuran en el procedimiento. Choclán, que ha sido juez de la Audiencia Nacional y es uno de los abogados con más capacidad de liderazgo del estrado, entiende que el teléfono de Benavente fue pinchado sin que existiera una motivación legal suficiente. Al margen de que finalmente formalice o no la petición y de que el tribunal la aceptara o no la prueba, el simple hecho de apuntar esta posibilidad resume toda la agresividad expresada durante la vista oral contra el magistrado Miguel Ángel Torres. Los jueces de instrucción son los garantes de la legalidad de los procedimientos judiciales y sus explicaciones quedan contenidos en sus autos. Exigirle explicaciones más allá es poner en solfa su imparcialidad e insinuar intencionalidades ocultas. El juicio por el caso Malaya continúa hoy con el mismo abogado y el mismo testigo.