Los abogados lanzan una ofensiva para captar clientes por la plusvalía municipal

Los despachos de abogados tienen un nuevo carro al que subirse para captar miles de clientes y aumentar sus ingresos. Primero fueron las cláusulas suelo contra las entidades bancarias, que aún están en plena efervescencia, y ahora le suman el posible cobro indebido del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, contra los ayuntamientos de toda España. En apenas una semana tres despachos conocidos de la provincia malagueña como Martínez Echeverría, Gaona y Cuatrecasas han organizado jornadas informativas o han mostrado su rechazo al cobro de este impuesto que, según la consultora inmobiliaria Tinsa, puede haber afectado a unas 550.000 personas en España, de las que unas 35.000 estarían en Málaga.

Este impuesto grava el incremento del valor del terreno generado en la transmisión de un inmueble hasta un periodo máximo de 20 años. Habitualmente, cuando alguien ha comprado, heredado o permutado un inmueble y, posteriormente, lo ha vendido lo solía hacer por un precio superior, obteniendo un beneficio y pagando la correspondiente plusvalía municipal. Sin embargo, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria ha ocurrido el fenómeno contrario. Hay miles de personas que, por ejemplo, han adquirido viviendas en la capital malagueña por 300.000 euros y que, al intentar venderlas ahora, su valor de mercado es muy inferior. Han perdido dinero en la operación, pero aún así están obligados a pagar la plusvalía pese a que no ha habido beneficio. Parece un sinsentido, pero lo hacen todos los ayuntamientos de España porque así se lo permite la Ley de Haciendas Locales.

Ha habido numerosas denuncias en los juzgados a lo largo de estos años y sentencias contradictorias. El punto de inflexión se produjo el 16 de febrero porque una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa sobre este impuesto. La sentencia es contra esta administración vasca, y a eso se han agarrado muchos consistorios incluyendo el de Málaga, pero los abogados dan por hecho que creará jurisprudencia y que se aplicará al resto de territorios en España.

Ciudadanos presentó una moción al Pleno del Ayuntamiento de Málaga el pasado 23 de febrero en la que exigía que no se cobrara este impuesto en los casos que no hubiera beneficio en la transmisión, pero fue rechazada por 24 votos en contra y 6 a favor. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, aseguró que esa propuesta era "ilegal" y consideró necesario esperar a que el Gobierno central adopte una medida común para todos los ayuntamientos españoles.

Mientras se resuelve el entuerto, los despachos de abogados empiezan a mover los hilos porque ven posibilidades ciertas de ganar. "Es importante que el ciudadano entienda que el exceso en el pago de la plusvalía es fácilmente impugnable y que con las escrituras de compra y venta se intuye de manera clara si ha habido descenso en el valor catastral y, por tanto, el impuesto se está cobrando indebidamente", explica José María Caro, abogado de Martínez Echeverría. Este despacho organizó el jueves un foro junto a la patronal de constructores, pues la posible devolución del impuesto es para particulares y empresas. "Sería plausible plantear demandas contra las liquidaciones practicadas por los ayuntamientos en base a este impuesto en los supuestos en los que el valor de mercado sea inferior al valor catastral", subraya Cristina Martínez, de Gaona Abogados, quien, en cualquier caso, recomienda "encarecidamente" que se haga una tasación pericial para determinar el precio real de la finca y justificar los parámetros utilizados para fijar el valor del suelo.

Los bancos han guardado miles de millones de euros por el posible efecto de las cláusulas suelo y todo apunta a que los Ayuntamientos deberán ir también ahorrando para posibles devoluciones millonarias, ya que se podrían reclamar los importes abonados indebidamente en los últimos cuatro años.