Málaga

Los 5.000 acreedores de Aifos se juegan hoy el futuro cobro de su dinero

  • Expira el plazo para presentar un convenio Compradores de casas siguen adelante con su propuesta para quedarse con la promotora

En el día de hoy expira el plazo para que los más de 5.000 acreedores de Aifos presenten un convenio dirigido a salvar la sociedad. Por el momento, a falta de que se concreten otras posibles opciones, la única alternativa a la propuesta realizada por el dueño de la promotora corresponde a un grupo de compradores de viviendas capitaneados por el abogado Carlos Cómitre, que agotan las últimas horas de la jornada para lograr adhesiones para la presentación de un convenio que les permita hacerse con el control de la empresa -en concurso de acreedores desde 2009-, excluir a su propietario, Jesús Ruiz Casado, e intentar recuperar su dinero.

Para que la iniciativa se pueda presentar ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 y se someta en octubre a la asamblea general es necesario que la respalden acreedores ordinarios que representen al menos el 20% del pasivo. Desde el despacho de Cómitre, que asume la defensa directa de 27 compradores de viviendas, están exprimiendo las últimas horas del plazo par lograr los apoyos suficientes y presentar el convenio, algo que tienen previsto hacer a última hora de la mañana de hoy.

La idea principal de la propuesta de un grupo de acreedores que en su día pagaron dinero por una casa que nunca le ha sido entregada pasa por reducir a cero el capital social de la empresa (70 millones de euros), lo que dejaría fuera de la sociedad a Ruiz Casado, y a continuación abordar una ampliación de capital a la que acudirían los acreedores ordinarios, convirtiendo parte de su deuda en el capital de lo que denominarán Nueva Aifos. El convenio que el bufete de Cómitre, Ley 57, ha presentado a los acreedores contiene dos alternativas. La principal consiste en convertir en acciones de la nueva empresa el 40% de la deuda, mientras que el 60% se cobraría entre 2019 y 2022. Para quienes no apoyen esta opción ofrece una alternativa de asumir una quita del 20% de la deuda, convertir otro 60% en préstamos participativos a diez años en la nueva sociedad y recuperar el 20% restante entre 2017 y 2019.

Hasta el momento, 30 letrados que defienden los intereses de cerca de 300 clientes de Aifos, algunos ayuntamientos y tres bancos se habían interesado por la propuesta de los compradores, si bien Cómitre explica que se han puesto en contacto con todas las entidades financieras implicadas en el proceso concursal; de ahí que vayan a presentar el convenio in extremis, parar incluir el mayor número de adhesiones posible. El "negativo historial de la empresa" ha provocado según reconoce el letrado que los bancos se muestren "reacios a continuar las relaciones con la empresa", a pesar de que la sociedad cambiaría de dirección.

La iniciativa necesita obligatoriamente el apoyo de los bancos, porque representan más de la mitad de los créditos ordinarios -111 millones de euros-. En este bloque destacan entidades como Banco Popular (52 millones en créditos ordinarios), Bankia (18 millones) o el Santander (11 millones). En total, los créditos ordinarios suponen algo más de 200 millones de casi 1.000 millones de pasivo de la promotora.

El cumplimiento del convenio, de acuerdo con la propuesta, estaría sujeto a la vigilancia de una comisión compuesta por un representante de la administración concursal, dos de la banca acreedora y un representante de los compradores de viviendas con crédito capitalizado, además de otros representantes de la administración tributaria.

Los planes que los acreedores pueden formular hasta hoy se pondrán a disposición de los administradores judiciales el 13 de octubre, junto a los apoyos que recaben. El 30 de octubre concluirá el plazo para que se depositen todas las adhesiones existentes, de manera que el 31 de octubre se celebre la junta general de acreedores en la que se deberá dad una solución final a la promotora Aifos: la aceptación de un convenio para pagar la deuda o su liquidación, con la que los particulares perderían la totalidad de su dinero.

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