La administración judicial negocia la venta de un palacio de Roca por 28 millones

El administrador judicial de los bienes y sociedades de Juan Antonio Roca negocia la venta del palacio de Villagonzalo, un edificio situado en Madrid y construido en el siglo XIX que fue residencia del conde de Villagonzalo. Las conversaciones mantenidas hasta ahora con los interesados sitúan el precio del palacete en 28 millones de euros. Esta negociación se produce tras el fracaso de otro trato en el que se valoró el inmueble en 30 millones.

Si la venta se consuma en esta ocasión, este dinero se podrá destinar a satisfacer la indemnización impuesta por la Audiencia Nacional a Juan Antonio Roca en el caso Saqueo I en concepto de responsabilidad civil por el desfalco del Ayuntamiento de Marbella.

La Audiencia Nacional determinó en 2009 que Juan Antonio Roca, junto al abogado José Luis Sierra y el contable Manuel Castel indemnizaran al Ayuntamiento de Marbella "de forma conjunta y solidaria" en 22,9 millones de euros. Aquella sentencia fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo.

Las dificultades para afrontar esta indemnización es una de las causas que está retrasando que Juan Antonio Roca consiga permisos carcelarios o, incluso, el acceso al tercer grado penitenciario. El exasesor de urbanismo de Marbella ingresó en la cárcel en abril de 2006, es decir hace ya seis años, y desde entonces no ha disfrutado de ningún permiso a pesar de que sólo tiene confirmada una pena de seis años y 10 meses de prisión por el caso Saqueo I, puesto que el Tribunal Supremo dejó en multa la pena por el caso Urquía y todavía no ha resuelto el recurso contra los cuatro años de prisión que dictó la Audiencia de Málaga en el caso Minutas.

Juan Antonio Roca ha hecho varios intentos desde hace tiempo por cerrar el capítulo de Saqueo I, con la supuesta intención de despejar el camino a posibles permisos y salidas de la cárcel.

En octubre de 2011 el tribunal del caso Malaya ordenó pagar al Ayuntamiento de Marbella 600.000 euros "atendiendo al deseo expreso de Roca", según hizo constar la sala en un auto. Esta suma procedía de "la liquidez sobrante" de las empresas de Roca que gestiona el administrador judicial y se articuló en la contabilidad interna como un contrato de préstamo de esas sociedades al exasesor de urbanismo.

En noviembre de 2010 el presunto cerebro de la corrupción en Marbella y el Ayuntamiento de esta localidad alcanzaron un acuerdo para que el municipio se quedara, previo visto bueno de la sala, con la finca La Caridad. Esta operación finalmente se fue al traste porque el gobierno que preside la popular Ángeles Muñoz pretendía de saldar parte de su deuda con la Seguridad Social entregando este inmueble, pero esta entidad gubernamental aclaró que no aceptaba bienes inmobiliarios.

No obstante, la Seguridad Social, tras la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, sí ha aceptado que Marbella pueda pagar los 267 millones que adeuda a la Seguridad Social desde los tiempos del GIL con los bienes que recupere en las causas judiciales derivadas de la corrupción en aquella época.