Las agresiones en los centros sanitarios públicos de la provincia de Málaga siguen subiendo. Nada menos que un 43% de incremento en 2022 respecto al año anterior. Entonces se registraron 187 y en el pasado ejercicio se elevaron a 268. Los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) facilitados a los sindicatos corresponden a todo 2022. Según esas cifras, en ese periodo hubo 62 agresiones físicas (23%) y 206 verbales (77%).

En términos absolutos, Málaga es la que más casos notifica después de Sevilla, que registró 304 en total. Pero hay que tener en cuenta que ambos territorios son los que suman más población y tienen también las plantillas de centros sanitarios más numerosas. En relación con el volumen de su personal, la provincia ocupa el quinto lugar con una tasa de 12,41. Por encima de Málaga, con unos indicadores peores se sitúan Huelva (17,78), Almería (14,63), Cádiz (14,52) y Jaén (13,54). Por debajo, están Córdoba (11,54), Sevilla (10,87) y Granada (8,31).

Mientras el Sindicato de Enfermería (Satse) emitió una nota en la que denunció que en toda Andalucía las agresiones aumentaron un 24% en 2022 respecto al año anterior, el SAS destacó que respecto a los años previos a la pandemia, en el ejercicio anterior se produjo un descenso en la tasa. En 2019, fue a nivel autonómico de 14,26, en 2020 de 9,50, en 2021 de 9,96 y en 2022 de 12,32.

Por sexos, la mayoría de las víctimas son mujeres. Entre el personal sanitario, el 73,27% de las agresiones se cometen contra trabajadoras. Entre los empleados de gestión y servicios, el porcentaje de agredidas es de 64,08%. Hay que tener en cuenta que proporcionalmente hay más mujeres en la sanidad porque es un ámbito muy feminizado.

Respecto al perfil de los agresores, el 83,53% son personas normales, aunque en este indicador se incluyen aquellas que atacan física o verbalmente a los profesionales bajo el efecto de alcohol o drogas. Las personas con trastorno psiquiátrico, psicológico o deterioro cognitivo que agreden son las menos. Representan sólo el 16,47%.

Al hilo de todos estos datos, Satse reclamó cambios normativos y sanciones económicas proporcionadas al daño ocasionado. También que las tarjetas identificativas del personal no recojan información adicional que permita a los agresores identificar a sus víctimas en redes sociales. Otras reivindicaciones del sindicato pasan por un software para lanzar una alerta en los ordenadores de profesionales susceptibles de sufrir una agresión, más cámaras de videovigilancia y más vigilantes de seguridad. Satse reclama además la creación de un Observatorio de Agresiones y que en Diraya –el sistema de historia clínica del SAS– se implemente una medida para la identificación de agresores a fin de que los profesionales que van a atenderlos estén prevenidos.