La amnistía fiscal solo logra sacar a la luz el 3,7% del dinero negro
El Gobierno apenas ingresó 22,4 millones de euros el año pasado con su Real Decreto Ley Hacienda tiene 45 inspectores y 185 técnicos, pero, según los empleados, falta organización
El dinero negro sigue a buen recaudo en los bolsillos de los defraudadores en Málaga. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en marzo del pasado año un Real Decreto Ley a través del cual se daba una amnistía fiscal a todos aquellos que declararan los ingresos no controlados por Hacienda. Éstos solo tendrían que pagar el 10% del dinero defraudado a cambio de que saliera a la luz todo el montante. La medida, que estuvo vigente hasta noviembre, no caló y en Málaga el Gobierno apenas recaudó 22,4 millones de euros, el 0,37% del total del dinero negro que se estima que se mueve en la provincia, según los datos aportados ayer por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Teniendo en cuenta que solo había que abonar el 10%, el blanqueo en Málaga total habría sido de 224 millones de euros, apenas el 3,7% del volumen total de la economía sumergida.
Según el informe de Gestha, Málaga fue la provincia en la que más dinero captó Hacienda, por delante de Sevilla, si bien apenas representó el 1,9% del total percibido a escala nacional. En el conjunto andaluz apenas se ingresaron 65,2 millones de euros, el 5,5% del total, mientras que el mayor montante se consiguió en las comunidades de Madrid y Cataluña. Esto es lógico porque, además de ser los motores económicos nacionales, los técnicos de Hacienda denuncian que más del 70% de la evasión fiscal es realizada por los grandes patrimonios y corporaciones empresariales y la mayoría de ellas están en Madrid y Barcelona. Málaga, pese a su dinamismo económico y empresarial, apenas tiene grandes compañías y más del 90% son muy pequeñas por lo que su volumen de fraude es menor.
El Gobierno esperaba recaudar 2.500 millones de euros y consiguió menos de la mitad, de forma que el plan no pudo considerarse precisamente un éxito. Desde Gestha señalan que los defraudadores prefieren mantener el dinero oculto en paraísos fiscales. Por otra parte, tampoco quedó muy claro cómo se blanqueaba legalmente ese dinero y qué consecuencias podía haber. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad y se obligaba a los defraudadores a presentar declaraciones complementarias de IVA y del impuesto de patrimonio. Hubo también numerosas dudas sobre quién podía acogerse a la amnistía. Hacienda aseguraba que no se permitía regularizar rentas a contribuyentes con un procedimiento abierto administrativo o judicial antes de su presentación, pero todo eran lagunas y se coló hasta el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. También se subrayaba que no habría amnistía para aquellos que hubieran obtenido el dinero de forma ilícita, pero es muy difícil saber de dónde proceden esos euros.
El resultado final es que, por ejemplo, en Málaga apenas se han sacado a la luz 224 millones de euros de los 6.000 millones que se cree que están en la economía sumergida y en el resto del país ha ocurrido un fenómeno similar. En Gestha afirman que "el 97% de la evasión sigue manteniendo sus activos ocultos".
Este colectivo, que agrupa a unos 8.000 profesionales, asegura que la Agencia Tributaria tiene que poner el foco en las grandes empresas que, según Gestha, evaden 42.000 millones de euros al año, "en vez de concentrar el 80% de los recursos en investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados".
Si se lograra evitar la economía sumergida en su totalidad no habría crisis en Málaga ni en el conjunto español pues solo en esta provincia se contabilizarían 6.000 millones de euros más de ingresos al año en las arcas públicas. Sin embargo, este sindicato ya denunció el pasado 31 de julio en este diario que Hacienda era incapaz de acabar con la economía sumergida, no tanto por falta de personal, que también, como de organización interna. En Málaga hay en torno a 45 inspectores y 185 técnicos, siendo una plantilla estable. Sin embargo, en febrero se eliminaron ocho unidades de recaudación cuando la deuda de morosos en ejecutiva no para de incrementarse.
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