El Ayuntamiento de Palma de Mallorca acaba de dar un giro de tuerca a la difícil relación entre vecinos y viviendas de uso turístico prohibiendo el alquiler a turistas de viviendas plurifamiliares. Los viajeros solo podrán alquilar viviendas en ese municipio que sean chalés salvo que estén en polígonos, en suelo rústico protegido y en la zona de influencia aeroportuaria. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha asegurado que es una decisión "valiente que marcará tendencia y será un referente para el estado". La repercusión mediática es innegable, pero la posibilidad de que lo hagan los ayuntamientos malagueños es nula porque las viviendas de uso turístico están reguladas por un decreto de la Junta de Andalucía. Así lo indican desde el propio Gobierno autonómico y lo reconocen los hoteleros y los representantes de las asociaciones de viviendas.

"Los ayuntamientos no tienen ninguna competencia porque el que da el alta a la vivienda es la Junta de Andalucía y al ayuntamiento se lo dan todo hecho. En el decreto de la Junta no se da esa competencia a los ayuntamientos, que no tienen ni voz ni voto", explica Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Hilario Echevarría, presidente de la patronal de viviendas de uso turístico andaluza Apartsur, detalla que los ayuntamientos no pueden entrar en esta materia "porque no es una actividad económica sino que se entiende que es un rendimiento del capital inmobiliario, por lo que es la Junta la que tiene la competencia". Echevarría precisa que los ayuntamientos sí tienen competencias sobre los hoteles o los apartamentos turísticos porque sí representan una actividad económica. El presidente de Apartsur añade que esa prohibición en Mallorca "no va a ningún lado porque será restringida por el Tribunal de la Competencia". Fuentes de la Junta de Andalucía aseguran que "con la vigente ley estatal y la normativa autonómica hay muchas dudas de que puedan prosperar ordenanzas de este tipo", y reclaman al Estado una norma común para todo el país. Desde el Ayuntamiento de Málaga solo comentaron ayer que se posicionarán cuando conozcan la propuesta exacta que lleven a Pleno en Palma de Mallorca.

Al margen de las competencias, la medida adoptada por Palma de Mallorca tiene seguidores y detractores en la Costa del Sol. Miguel Sánchez, representante de la CEA en la Mesa del Turismo, asegura que le parece "fenomenal" y pide que se implante también en Andalucía. "Los argumentos que da Palma de Mallorca los comparto plenamente. Hay que hacer un estudio de capacidad de carga en cada municipio porque no se puede seguir así", subraya. El presidente de Aehcos, Luis Callejón, se muestra en contra de las prohibiciones, "pero sí pedimos que se igualen las condiciones fiscales o laborales porque no se puede competir en precio si los propietarios de viviendas de uso turístico tienen unas condiciones infinitamente más cómodas que los propietarios de apartamentos turísticos reglados, que están perdiendo ocupación siendo el mismo producto". José Carlos Escribano, vicepresidente de la patronal hotelera nacional, aboga por "buscar entre todos una normalización de este nuevo mercado teniendo como pilar las garantías al turista y la convivencia con los vecinos".

En el lado de las viviendas turísticas las reacciones son distintas. Carlos Pérez Lanzac, presidente de la asociación andaluza Avva, afirma que "las prohibiciones son malas en todos los mercados y esto es una falta de responsabilidad que responde más a una presión de los lobbys que a una necesidad real". Pérez Lanzac expone que "la prohibición es la solución fácil" y advierte que esta medida tendrá un duro impacto en la economía de Palma de Mallorca en bajada de reservas e ingresos. "Tendrá un efecto devastador en Palma porque esta normativa va en contra de lo que pide el mercado", afirma. Echevarría, por su parte, critica que se intente "limitar la libertad de uso de la propiedad privada".