La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el llamado impuesto de la plusvalía municipal -que grava el beneficio obtenido por una transacción inmobiliaria- ha provocado un terremoto en los municipios malagueños. Todos los ayuntamientos consultados por este periódico afirman que la decisión judicial les obliga a no presentar sus presupuestos (ahora es el momento en el que ultiman su redacción y en algunos casos estaban a punto de ir a pleno) y a reconfigurarlos. Las opciones no son muchas: recortes, reducción de inversiones, ampliación de créditos bancarios o subida de impuestos. Lo que está claro es que -salvo reacción rápida del Gobierno central para revisar el impuesto o crear uno nuevo- ahora mismo la redacción actual de las cuentas de decenas de Ayuntamientos se queda en papel mojado.

Málaga

Por su dimensión, el municipio más afectado es Málaga. Carlos Conde, concejal de Hacienda, afirma que la recaudación de este impuesto ronda los 50 millones de euros al año (el alcalde, Francisco de la Torre, habla de 55,2) y esta cantidad supone el 6% del presupuesto municipal, unos 900 millones. Así explica la situación: "Tenemos dos opciones: o buscar nuevos ingresos o disminuir gastos o un mix de ambas cosas. Aumentar los impuestos o crear nuevas figuras es algo que no se nos ocurre de ninguna manera. Podemos buscar un ingreso con un crédito bancario pero aquí tendríamos restricciones, ya que solo podría destinarse a inversiones. Y la otra vía es disminuir el gasto, pero eso supone un esfuerzo ya que nuestro presupuesto es muy rígido, va para servicios públicos sobre todo".

El concejal ya ha dado orden "para que se analicen escenarios presupuestarios nuevos" y no teme por el agujero que pueda haber en lo que queda de ejercicio. Conde interpreta que el Constitucional "no interrumpe el impuesto" y que hay que esperar al texto completo "para saber desde cuándo se aplica".

Lo que sí es indiscutible para él es que el Gobierno "se haya pasado cuatro años de brazos cruzados cuando en 2017 el Constitucional ya avisó de que el impuesto (que es estatal, aunque está cedido a los municipios) estaba mal configurado". "Al final, hemos pagado los platos rotos los ayuntamientos", dice. 

Marbella

La alcaldesa de la segunda ciudad de la provincia , Marbella, es Ángeles Muñoz. Pone de relieve que el fallo judicial “aboca a todos los ayuntamientos de España a no presentar el presupuesto”, porque “sería una irresponsabilidad prever que los ingresos van a ser los mismos que si no hubiéramos tenido esta sentencia del Constitucional”.

Por ello, reclama al Ministerio de Economía y Hacienda que “aclare cuáles son las circunstancias en torno a la plusvalía”. En este sentido, la regidora señala que el Ayuntamiento de Marbella “tenía el año pasado presupuestado en concepto de plusvalía 27 millones de euros”, representando entre “un 8 o 9%” del mismo. “Necesitamos cuanto antes que nos digan de qué manera van a compensar y cuáles van a ser los planteamientos jurídicos que tienen pensados, porque supondrá la inviabilidad de los servicios públicos” y de las cuentas municipales, esgrime.

Muñoz apunta que ante el anuncio de la sentencia del TC el equipo de gobierno -que tenía previsto aprobar el presupuesto municipal para 2022 en la Junta de Gobierno la próxima semana-, ha decidido “esperar a ver qué va a hacer el Gobierno porque supone una quiebra total de los que pueden ser los ingresos por parte del Ayuntamiento” la decisión judicial.

Torremolinos

Por su parte, la concejala de Hacienda de Torremolinos, Maribel Tocón, indica que en 2020 el Ayuntamiento “liquidó un total de 7,3 millones, de los cuales se han recaudado 5” en concepto de plusvalía en “un presupuesto de 103 millones de consolidado”. “Entendemos que la anulación de este impuesto da en la línea de flotación de la estabilidad y de la sostenibilidad económica de municipios como el de Torremolinos”, recalca.

De este modo, la responsable municipal recuerda que el Consistorio ha conseguido con la refinanciación de la deuda histórica que mantiene con la Seguridad Social y a la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado ponerse “en los límites que establece la ley en el período medio de pago a los proveedores gracias a esta inyección de liquidez”.

Tocón lamenta que “esta sentencia es un varapalo muy grande para ayuntamientos como el nuestro, que podrían ver cómo peligra la estabilidad conseguida”, al tiempo que valora que “la pérdida de esta inyección de liquidez que provenía de la liquidación de las plusvalías supera lo que estábamos pagando en deuda de la Seguridad Social”.

Fuengirola

Desde el Ayuntamiento de Fuengirola se señala que el fallo judicial supone “un contratiempo a la planificación financiera municipal, pues su aplicación conllevará necesariamente una disminución importante de los ingresos”. Así, destacan que las cuentas locales, “cuyos ingresos totales ascienden a 95,7 millones de euros”, contemplan “una partida de 9.371.000 euros, si bien la cuantía que finalmente se liquida anualmente ronda los 13 millones. Por lo tanto, estamos hablando de cerca de un 10% de recaudación municipal”.

Esta noticia “obligará a modificar los planes del Consistorio al verse rebajados sustancialmente los ingresos, y a la vez, conllevará un reajuste de las inversiones y de los gastos de la institución”.

Estepona

En el caso de Estepona, el alcalde, José María Urbano, destaca que la plusvalía representa el 6% del presupuesto municipal y apuntó que la sentencia, que supone de facto declarar la inconstitucionalidad del tributo, “va a generar una enorme inseguridad jurídica y un serio problema a los municipios y las provincias, para los que va a resultar prácticamente imposible poder aprobar sus cuentas”.

El también vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) exige al organismo que se convoque con carácter de urgencia, una Junta de Gobierno extraordinaria y la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), ante las graves consecuencias que va a tener la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal.

El regidor consideró que una vez más, “son los Ayuntamientos los paganos de la cerrazón y la desidia del Gobierno al no haber aprobado una normativa que regulara adecuadamente el gravamen”.

Según explica, “esta sentencia es una piedra más en el camino que viene a sumarse a las tensiones de Tesorería que vienen sufriendo ayuntamientos y diputaciones desde que comenzara la pandemia, debido al abandono absoluto al que les ha sometido el Gobierno de Sánchez, quien no ha destinado un solo euro de dinero público nuevo a aliviar los gastos extraordinarios que han tenido que asumir para seguir prestando a los vecinos los servicios públicos con todas las garantías”.

Benálmadena

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, valora que la sentencia implica en principio “mucha incertidumbre porque una gran parte de los ingresos municipales proviene de las plusvalías”, por lo que indica que el Gobierno “tendrá que compensar de alguna forma” a las administraciones locales, que en estos momentos “estamos terminando de redactar nuestro presupuesto para el año 2022”. De lo contrario, desconoce “cómo vamos se va a frente al cada vez mayor número de competencias y de incumbencias con los pocos recursos que nos van dejando”.

Antequera

En el interior, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, confirma que la sentencia supondrá que se tenga que aplazar la presentación de los presupuestos del próximo año que estaba prevista realizar este viernes, ya que se deberán analizar los términos de la misma y su aplicación. Y es que las arcas municipales tenían previsto ingresar por este concepto 1,3 millones de euros, por lo que se deberán modificar las cuentas municipales al no poder contar, de momento, con esta recaudación.

Barón lamenta que el Gobierno central no hubiese arbitrado ningún mecanismo para corregir un problema que “sabían que se les venía encima y no han hecho nada, están a otra cosa y ahora pagan el pato los ayuntamientos que no son otra cosa que los ciudadanos”.

Ronda

En Ronda, la delegada municipal de Economía, María del Carmen Martínez, también reconoce que esta decisión supone un importante desajuste para un presupuesto que “ya es muy ajustado”.

En cuanto a su incidencia en las cuentas municipales, los ingresos por este concepto representan un 3,5% del total, oscilando entre 1,2 y 1,5 millones de euros al año. La edil explicó que el Consistorio permanece a la espera de conocer en detalle la sentencia antes de tomar decisiones sobre las medidas a introducir para tratar de corregir el desajuste en las cuentas que se estaban preparando de cara al próximo año.

Rincón de la Victoria

Para el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, la supresión del impuesto podría suponer la pérdida de 3,5 millones de euros. Lo que supondría alrededor del 7,4% del presupuesto municipal. El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (PP) espera que “se aclare ya que la sentencia hace referencia al cálculo de la plusvalía, no al impuesto en sí”. Por tanto, a su juicio, el Gobierno tendrá que “desarrollar una nueva fórmula de cálculo y otro tipo de impuesto”.

La recaudación por este impuesto supone para el Consistorio rinconero prácticamente la misma cantidad que la que consigue con la tasa de la basura, y algo inferior al impuesto de bienes inmuebles. No obstante, la principal fuente de financiación sería la que recibe por parte de la participación de los ingresos del Estado (PIE), alrededor de 10 millones de euros y de la comunidad autonóma (Patrica), 3 millones de euros.

Vélez-Málaga

El alcalde de Vélez–Málaga, Antonio Moreno (PSOE) también es consciente de que “afectará a las arcas municipales”. “Es una sentencia nefasta porque al no poder recaudarse va a afectar a todos y cada uno de los servicios que damos a los ciudadanos”, manifestó aunque con prudencia ya que “todavía tenemos que conocer con exactitud la sentencia”.

“Ahora lo que tenemos que hacer desde  todos las administraciones es pedir al Gobierno una nueva norma que restablezca la justicia recaudatoria y fórmulas de compensación por la pérdida de ingresos. Ahora es más que nunca retomar la financiación de las haciendas locales y éste puede ser un buen momento como punto de partida”, manifiesta.

Torrox

Para el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), la sentencia “va a suponer que el Ayuntamiento de Torrox deje de ingresar unos dos millones de euros para el año que viene” no se verán perjudicados ni los servicios ni las inversiones previstas “aunque nos obliga a ajustar las cuentas”. Esta cifra equivaldría aproximadamente al 9% dado que este año ha contado con un Presupuesto de 9 millones de euros.

No obstante, el alcalde quiso dejar claro que “no repercutirá en los servicios” y “que se alegra por todos los ciudadanos ya que “esos dos millones de euros que no recaude el Consistorio se quedarán en el bolsillo de todos los vecinos de Torrox”.

Información de Tomás Monago, María Jesús Serrano, Javier Flores y Mayte Cortés.