Los jueces apuestan por la libertad vigilada para reeducar a menores infractores

La mayoría de los menores infractores saldan su pena con una medida de libertad vigilada, que impuesta en el 55,6% de los casos, puede suponer, además de un seguimiento de su actividad, la obligatoriedad de realizar, entre otros, tareas ocupacionales y talleres de desarrollo personal. La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía facilitó el cumplimiento de 1.098 medidas de reinserción en medios abiertos dictadas por los juzgados en la provincia de Málaga, frente a las 289 de internamiento. Un total de 387 se iniciaron en el primer semestre mientras que 711 ya estaban en ejecución a fecha de 1 de enero.

Las educadoras sociales entrevistadas por este periódico rehúsan dar detalles para preservar el anonimato de una menor a la que se le impuso libertad vigilada tras sentarse ante el juez por un "delito mayor", pero ambas subrayan la gravedad del caso. "Tenemos un itinerario. Puede no cumplirse la medida y terminar en internamiento. No es lo deseable que el joven pase por todas pero existe la posibilidad de recorrer el camino completo", explica Silvia Fernández, responsable de recursos del centro de día San Francisco de Asís, que se erige, asegura, en el único de titularidad y gestión pública de Andalucía.

Algunos de los infractores están sometidos a libertad vigilada y, paralelamente, a la práctica de trabajos en beneficio de la comunidad, que conforman la segunda de las sanciones más adoptadas por los magistrados. Desde retirar grafitis o la basura del botellón hasta ayudar en centros de salud y acompañar a ancianos. Entre enero y junio de 2016 la administración contribuyó a la realización de 191 tareas mientras que 2015 acabó con un total de 363, según se desprende de los datos facilitados por la Consejería de Justicia.

El perfil de los menores que llevan a cabo estas prestaciones responde al de un varón de entre 15 y 17 años que sufre problemas familiares y fracaso escolar. Suelen haber protagonizado robos con fuerza, peleas callejeras y destrozos de inmobiliario. Aunque el juez puede condenarlos hasta un máximo de 200 horas, la media ronda las 50. Se trata, en palabras de la responsable de San Francisco de Asís, de "amonestaciones" si se compara con la justicia que recae sobre los adultos. Son pocos los casos de los que hay que alertar al juzgado por incumplimiento de la medida. Pero los hay. Si ocurre, se celebra otra comparecencia en la que se impone una medida "más restrictiva". El 20% es reincidente. "El hecho de que cometa un delito es el síntoma de que existe una dificultad. Hablamos de un ciclo vital complejo", apostilla Fernández.

La asociación Alternativas al Menor (Alme), una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene un contrato con la administración y ejecuta todas las medidas en régimen abierto, excepto las de convivencia en grupos educativos, aboga por promover la "justicia reparadora", sobre todo si se refiere a delitos leves. "Los trabajos en beneficio a la comunidad son para algunos su primera experiencia laboral. En estos casos no tienen sentido medidas sancionadoras con las que no aprendan a restituir el daño a la sociedad", expresa Elena, una de las técnicas, que considera fundamental trabajar en la prevención antes incluso de llegar a la adolescencia. "No es lo mismo que impongan a un chico de 14 años una medida cautelar y se le atienda a que tenga ya la mayoría de edad y cometiera el delito hace un tiempo. Cuanto antes, mejor", destaca.

La reinserción gana terreno a la privación de libertad. Los juzgados dictaron en el primer semestre el internamiento de 283 menores. El 90% de ellos son varones y tienen entre 16 y 17 años. El régimen cerrado, que se impuso en el 5% de los casos, implica residir en un centro específico, donde el infractor desarrolla sus labores formativas y de ocio. Para el 2% se decretó la modalidad abierta, que le obliga a permanecer en dicho entorno y a someterse a su programa. El régimen semiabierto, para el 72%, lleva consigo el desarrollo de las actividades fuera.

Aunque los delitos contra el patrimonio son los que este año están generando más expedientes, los referidos a los malos tratos en el ámbito familiar van en aumento. De hecho, hubo que ampliar los recursos de convivencia en grupos educativos para dar respuesta al elevado número de conductas. "La dirección general presta servicio a jueces y fiscales para poder implementar la ley. Había una cifra mayor y se tuvieron que crear recursos. Con la crisis, el poder adquisitivo medio o alto de muchas familias ha ido menguando. Eso ha ocasionado poner límites a los menores y que se haya judicializado la dificultad familiar y del sistema", sostiene la portavoz del centro San Francisco de Asís.

Desde que se celebra la comparecencia y se dicta sentencia, la entidad pública inicia un proceso individualizado para desarrollar la orden, que tiene carácter rehabilitador y busca que el infractor tome conciencia de que cuando se viola la ley la sociedad "ha resultado perjudicada". Los educadores son los encargados de fabricarles una oportunidad a través de los distintos convenios que la Junta tiene en vigor con organismos públicos y privados, caso de la Universidad de Málaga, ADIF o la Asociación Malagueñas de Padres de Paralíticos Cerebrales (Amappace). "Hacemos una entrevista motivacional al joven. Conocemos sus gustos. Tiene que haber correlación entre la comisión del hecho delictivo y el lugar en el que va a realizar el trabajo", explica la coordinadora.

La implicación de las familias es clave para que la sanción resulte efectiva. El técnico al que se le ha asignado el procesado realiza una visita domiciliaria. Estudia la zona en la que reside e incluso sus posibilidades de transporte. La prestación debe ser compatible con su formación académica o jornada laboral. "No solo se tiene en cuenta la actividad formativa, sino también otras que completan su aprendizaje. Algunos están federados en un equipo de fútbol", precisa la responsable. Los centros deben advertir acerca de si la medida está surtiendo efecto a través de un informe de seguimiento, que remiten al juzgado.

Los educadores también alertan del consumo de estupefacientes por parte del adolescente para que participe en un tratamiento ambulatorio de drogodependencia. Durante los primeros seis meses del año, se ejecutaron 87 medidas de este tipo. En 2015, fueron un total de 171. "Detectamos si se inician en el consumo durante la intervención. Tenemos la obligación de informar de que hay indicios, pero no proponemos medidas. El juez le puede imponer un control de tóxicos", resalta la responsable.

El papel de los trabajadores se basa además en utilizar los recursos de los que disponen para que el menor "ponga nombre a lo que sufre" si ha perdido, por ejemplo, a uno de los progenitores. "Hacemos el acompañamiento en el proceso de duelo. Cada caso es especial, algunos se agobian con la presencia del técnico. Otros no la asumen. Les enseñamos también a respirar", precisa.