El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha firmado en Málaga junto al alcalde, Francisco de la Torre y al consejero de Salud y Familias, Javier Aguirre la renovación del convenio para la continuidad de la Junta de Arbitral de Consumo de Málaga. Los dirigentes han destacado que este ente es muy eficaz a la hora de aligerar la presión al sistema judicial, además de adelantar los procedimientos por los que consumidores y empresas lleguen a acuerdos en las posibles disputas que surjan a raíz de las relaciones de consumo. 

El ministro ha querido resaltar la labor que venía ejerciendo la Junta de Andalucía en este aspecto, calificándola de "excelente".  Ha añadido que en "tiempos de crispación política hay que reconocer que las administraciones pueden trabajar con rigor para resolver los problemas de la ciudadanía, independientemente del color político". 

Garzón ha recordado que el consumo "vertebra las sociedades y no es una actividad neutra, es asimétrica", por lo que es deber de las autoridades "proteger a los consumidores y a los colectivos vulnerables como personas que viven en el mundo rural  que se encuentran de repente sin capacidad de acceder a sucursales financieras por la dinámica del sistema o personas mayores" poco hábiles con las tecnologías. 

De esta manera, ha resaltado que las juntas arbitrales son una manera de resolver conflictos entre partes que pueden tener un tamaño y unos recursos diametralmente opuestos. Ha destacado que "la asimetría de poder entre personas y empresas desincentiva el uso de los tribunales" para resolver los conflictos y que otorga a los consumidores una herramienta para resolver problemas con las empresas. 

El titular de Consumo ha lamentado que las Juntas Arbitrales de Consumo son "una herramienta ampliamente desconocida", por lo que se deben "fomentar", dado que "resuelven muchos problemas con una enorme agilidad". Además, ha querido resaltar, que las juntas de arbitraje han recibido en 2019 y 2020 "120.000 peticiones, por lo que cada vez más gente lo usa a pesar de ser desconocidas aún". Ha destacado también que la estos entes repercuten directamente en el consumidor, "hablamos de dinero que se queda en los consumidores, esta es una forma de abaratar las relaciones de consumo entre personas y empresas". 

Asimismo, Garzón ha referenciado que el consumo "está cambiando y cada vez es más acelerado y online, sobre todo después de la pandemia", lo que obliga a las juntas arbitrales a modernizarse, para lo que su ministerio destinará 1.300.000 euros procedentes de fondos europeos este año. 

Ha avanzado que esto implica cumplir con el mandato de la Unión Europea, que exige a las autoridades que protejan al consumidor. "Este es un paso para acercarnos a Europa, que está mucho más avanzada que nosotros en esto", ha añadido.