El arquitecto Chiqui Mora pide el habeas corpus y denuncia que su arresto es ilegal

El arquitecto de la Diputación de Málaga Francisco Chiqui Mora, imputado en el caso Arcos contra la corrupción en Alcaucín y detenido de nuevo el martes en el curso de unas pesquisas derivadas de esa investigación principal, pidió anoche el habeas corpus reclamando ser puesto en libertad o en su defecto pasar inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. Esta solicitud se produce porque entiende que ha sido arrestado "ilegalmente" por la Guardia Civil, "sin cobertura jurídica" y que su detención "transcurre en condiciones ilegales por cuanto se viene prolongando innecesariamente".

La defensa de Mora esperaba anoche que la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga, en funciones de guardia, se pronunciara sobre esta petición, en la que se alega que la reclusión del arquitecto en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil desde que fue detenido a la salida de su casa a las 7:45 horas del martes es una medida "innecesaria, desproporcionada e idónea", puesto que en esta nueva fase de la investigación se le atribuyen delitos "menos graves" que en su opinión podrían estar prescritos y que, en el peor de los casos, se verían sancionados con penas "menos graves".

La defensa de Francisco Mora, que ejerce el letrado José Carlos Aguilera, solicitó ayer por la mañana a la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Vélez, Irene Urbón, que instruye el caso Arcos la puesta a disposición judicial o la libertad de su patrocinado. Sin embargo, la magistrada entendió este requerimiento como una solicitud de habeas corpus que rechazó al no considerarse competente desde el punto de vista territorial, dado que se encuentra detenido en Málaga y no en Vélez, por lo que la competencia recae sobre los juzgados de la capital.

De la respuesta de la jueza del caso Arcos "se infiere que no ha autorizado ni acordado la detención del señor Mora, sino que tal medida ha sido adoptada por decisión de la Guardia Civil", según se detalla en el escrito presentado ayer tarde en el Juzgado de Guardia de Incidencias de Málaga. Las fuentes consultadas han señalado que la magistrada de Vélez había ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el registro del Patronato de Recaudación Provincial y de la Gerencia Territorial del Catastro, pero no las detenciones que se practicaron coincidiendo con esta búsqueda de pruebas.

En la petición de habeas corpus se resalta que Francisco Mora declaró ante la Guardia Civil entre las 18:00 y 21:30 del miércoles pasado, pero que inopinadamente siguió detenido en los calabozos de la Comandancia de la capital a pesar de que anoche habían transcurrido ya más de 60 horas desde que se produjo su arresto.

La defensa subraya que hoy viernes a las 7:45 de la mañana se cumplen las 72 horas que la ley establece como límite máximo para que una persona permanezca detenida policialmente antes de pasar a disposición judicial.

El escrito del letrado argumenta que la privación de libertad es "ilegal" aún antes de alcanzar estas 72 horas de plazo máximo cuando, de acuerdo con la jurisprudencia, el arresto se prolonga "indebidamente" sobrepasando el "tiempo indispensable para realizar las oportunas pesquisas dirigidas al esclarecimiento del hecho delictivo". En estas circunstancias la defensa considera la detención de Francisco Mora "tan innecesaria como desproporcionada". Advierte que se sacrifica "su libertad cuando está más que asegurada su disponibilidad para comparecer ante el órgano judicial cuando sea requerido", en alusión a las declaraciones que ha prestado hasta la fecha desde que fue detenido por primera vez en el caso Arcos, en febrero de 2009.

En esta causa judicial hay más de medio centenar de detenidos sospechosos de tener relación con edificaciones ilegales en el término municipal de Alcaucín. El martes pasado, en la investigación derivada para aclarar si existen certificaciones catastrales falsas, fueron arrestadas 15 personas, aunque tanto el arquitecto, como el exalcalde José Manuel Martín Alba y el abogado Pedro Grandfils ya habían sido arrestados en la primera fase de la investigación.