El arquitecto municipal de Marbella Francisco Merino aseguró ayer en el juicio del caso Malaya que a partir de 2001 su departamento técnico advertía en los informes emitidos sobre los distintos proyectos urbanísticos de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 ya había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), paso necesario para su entrada en vigor.

En la sesión de ayer comparecieron Merino y el también arquitecto en Marbella Enrique Arrabal, quienes contestaron por la mañana a las preguntas de las acusaciones sobre los problemas que había con los dos planes generales, ese de 1986 y la revisión del 98, y por los proyectos urbanísticos investigados, y, luego, por la tarde, tras un receso para comer, a las cuestiones de las defensas, que incidieron en aspectos relacionados con sus clientes.

A preguntas del Ayuntamiento marbellí, Merino aseveró que a partir de la publicación de dicho plan en noviembre de 2000 en los informes se expresaba esta circunstancia y argumentó que la intención de su departamento "era hacer expresar en nuestros informes hechos objetivos y nos constaba que era controvertido el asunto de que el plan del 86 parecía ser que no había entrado en vigor porque no había sido publicado".

"Obviamente, desde que se publicó parecía un hecho trascendente como para no decirlo, otra cosa es la interpretación que se le dé", declaró el arquitecto municipal, quien explicó que a la hora de emitir un informe sobre la licencia al proyecto básico se hacía atendiendo a los dos planeamientos, el plan en revisión y el PGOU de 1986", algo que, según ratificó, "fue una decisión política".

En este sentido, el testigo explicó que "la orden para informar conforme al planeamiento en revisión, porque con el plan aprobado definitivamente lo hacíamos nosotros de oficio, la dio el alcalde directamente". Y añadió que cuando la Comisión de Urbanismo, dependiente de la Junta, denegó la revisión del plan, se seguía informando también según ese texto, "porque nos lo requerían".

Aseguró que era "conocido y público que el Ayuntamiento otorgaba las licencias conforme al plan que estaba en revisión". No obstante, a preguntas de dos defensas, indicó que tras la moción de censura en 2003 contra el que era regidor, Julián Muñoz, siendo alcaldesa Marisol Yagüe, en general se volvió a aplicar el plan de 1986 y a informar en las licencias de obra únicamente según dicho planeamiento urbanístico.