El conflicto surgido en los últimos meses con los patinetes eléctricos explotados en régimen de alquiler por varias empresas privadas aumenta su gravedad. Si durante semanas los vecinos del Centro histórico, principalmente, se han quejado del aparcamiento irregular de muchos de estos vehículos de movilidad personal en las aceras y zonas peatonales, ahora elevan la voz para denunciar que cuatro de los patinetes, pertenecientes a la empresa Tier (una de las cuatro que opera en la capital de la Costa del Sol) han aparecido arrojados sobre la muralla medieval situada en la calle Carretería. Unos restos que tienen la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que el acto vandálico, podría tener consideración de atentado contra el patrimonio.

De acuerdo con la información aportada por este colectivo, en el momento en que uno de los vecinos tuvo constancia de lo sucedido dio parte alrededor de las 15.13 de esta tarde a la sala del 092 de la Policía Local, al objeto de denunciar los hechos y solicitar el envío de agentes para proceder a la retirada de los artilugios. No obstante, la presencia de los patinetes en este punto fue detectada por otro residente del Centro alrededor de las 11.45.

De acuerdo con la conversación mantenida por el vecino responsable de la llamada, la reacción de la Policía Local ha sido nula. Este periódico pudo conocer detalles del diálogo entablado, en el que la operadora se escuda en varias ocasiones que en la ausencia de "una normativa que diga que tenemos que quitar eso... ni ninguna ordenanza municipal", apunta en referencia a los patinetes. Un aspecto que ya fue recordado semanas atrás por el concejal de Seguridad, Mario Cortés, para justificar la imposibilidad de retirar los patinetes mal aparcados.

El vecino que ha dado aviso ha insistido en su deseo de abrir un atestado ante lo ocurrido

"Si va una unidad para allá quién abre", se pregunta la operadora del 092, ante lo que el vecino apunta que debe existir algún personal municipal que disponga de una llave para poder acceder a ese tramo de la muralla, que se encuentra delimitado por una valla. Ante la insistencia del vecino, la operadora accede a realizar una consulta al jefe de sala.

Tras dos minutos de espera, la operadora repite el discurso inicial, en el sentido de que la Policía Local no puede actuar "porque el patrimonio está cerrado; cuando abran dirán que vayamos para allá". Ante la reticencia inicial, el vecino señala su interés en que se abra atestado por parte de la Policía Local ante lo ocurrido.

"Es un caso de vandalismo y alguien tendrá la responsabilidad", dice el vecino, ante lo que la operadora se limita a contestar: "De momento no tenemos ninguna responsabilidad". La llamada concluye en estos mismos términos incluso después de que el residente recordarse que puede tratarse de un acto vandálico contra el patrimonio histórico de la ciudad.