La lucha de unos padres por sus hijos, y por lo que consideran que les corresponde, es incontestable. El ejemplo más reciente está en el padre sevillano que durante más de 60 días ha permanecido en huelga de hambre reclamando a Educación los recursos que su hijo necesita. Y el caso de Eva Reduello, la madre de la niña con autismo de Rincón de la Victoria que dejó de acudir a clase el pasado marzo, se asemeja bastante, con una lucha de años en la que las administraciones han mirado para otro lado, a pesar de su insistencia. Eva acudió en el año 2010 a la Fiscalía de Menores en busca de amparo. Llevaba dos años denunciando la falta de recursos de la Junta de Andalucía para garantizar la educación de su hija y otros muchos con necesidades especiales a las que se sigue sin dar respuesta. Ante una situación que ya consideró entonces insostenible, el 18 de marzo de 2010 se dirigió a la Fiscalía de Menores.

"Solicito la intervención de su institución, ante el desamparo que estamos sufriendo por parte de la Administración Educativa de Málaga y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para garantizar el derecho a la educación de mi hija [...] Mi nombre es Eva Reduello Fernández, soy la madre de una niña de 4 años con trastorno del espectro autista", recoge el inicio del escrito. En el mismo se explica que la niña "no está recibiendo la atención que necesita, según su dictamen de escolarización" en el colegio público Gregorio Marañón de La Cala del Moral. Y todo ello, a pesar de que llevaban "años pidiendo tanto a la Delegación de Málaga, como a la Consejería de Educación de Sevilla, el aumento de los recursos humanos para el cumplimiento de su dictamen de escolarización".

Cuando redactó esa carta ni siquiera reparó en la fecha e incluso se olvidó del tema. Pero si las casualidades existen, esta es una de ellas: Justo el día que se cumplían cinco años del escrito en busca amparo, el 18 de marzo de 2015, los compañeros de la pequeña iniciaron una huelga y dejaron de asistir a clase por el comportamiento presuntamente agresivo de la menor. Los padres le comunicaron el inicio de una huelga a la dirección del colegio. Al día siguiente su hija abandonaba el colegio por recomendación médica

Del escrito dirigido a la Fiscalía y la de cita que pidió para exponer detalladamente la problemática no volvió a saber nada. Hasta el pasado martes, que los padres de la niña acudieron a la Fiscalía de Menores, por una denuncia de absentismo escolar. Y una vez allí se les explicó que el expediente abierto en 2010 ante la comunicación de la madre se había reabierto para tratar ahora el caso de falta de matriculación y asistencia a clase de la niña. El Ministerio Público, según se desprende del expediente, abrió entonces diligencias de investigación que fueron archivadas -de las que no se les comunicó nada- y ahora con el mismo se está tratando el riesgo de desamparo por absentismo escolar. Toda una curiosidad que no hace más que dejar constancia de la preocupación que durante años los padres han demostrado por el bienestar de su hija.

Ahora han tenido la oportunidad de exponerle a las Fiscalía de Menores la situación que arrastra su hija y la familia a completo desde años atrás. Y que desde el pasado marzo no ha hecho más que agravarse. En estos momentos la niña está escolarizada en un colegio de Rincón de la Victoria con el objetivo de evitar ser acusados por absentismo escolar y para optar a la posibilidad de la atención escolar en el domicilio –medida que ya han solicitado–. A la Fiscalía le ha expuesto que sus peticiones a Educación, como consecuencia de la huelga del pasado marzo, pasa por una evaluación terapéutica de la niña, “dado que lo que está en riesgo además de su escolarización es su salud”. Y en base al resultado determinar los recursos que se deben poner a disposición de la menor en tiempo y forma. Además, estiman conveniente que en el protocolo de reincorporación de la menor sería conveniente que colaboraran los profesionales que estos momentos la tratan.

El abogado de la familia, Jesús Marín, considera que la situación actual es clara y lo resume en pocas palabras: “La Fiscalía de Menores tiene ahora argumentos más que suficientes para actuar de oficio contra la Administración, con lo que además conseguirá poner remedio al daño de no haber actuado durante estos cinco años”.