El Ayuntamiento y la Junta forman un grupo para dar seguimiento a los pisos turísticos en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han constituido la comisión de seguimiento de las viviendas de uso turístico que anunciaron como una de las medidas para garantizar que cumplen con las distintas normativas urbanísticas que las regulan y que, ahora mismo y durante tres años, no permiten que se dé de alta ni una sola más en todo el término municipal. El anuncio lo ha efectuado Carmen Casero, concejala de Urbanismo, durante el Consejo Rector del organismo.

La concejala lo ha asegurado mientras afirmaba que todos los pisos turísticos que no cumplan serán dados de baja. Ocurre que en las últimas semanas los propietarios que habían presentado alegaciones contra la solicitud de baja municipal vienen recibiendo notificaciones de la administración regional en las que le dan la razón en sus alegaciones y les informan de que se mantienen en el registro. El motivo: que el Ayuntamiento no habría justificado debidamente, como se le requirió por la Junta, el motivo por el que se pedía la baja. Desde el Consistorio ya afirmaron a este periódico que responderían uno a uno los expedientes y se volvería a incoar el expediente para que decaigan los registros.

En la misma línea se ha pronunciado Casero este viernes, que ha afirmado que "no habrá ni un piso turístico que no cumpla con la normativa en el momento en que la anunciamos", asegurando que responderán uno a uno los informes para que la Junta de Andalucía pueda volver a tramitar las bajas.

El presidente de AVVAPro, la patronal de las viviendas turísticas, Juan Cubo, afirmó a este periódico que cada uno de los propietarios han hecho la alegación bajo un coste de "entre 2.500 y 3.000 euros de su bolsillo", y que la no respuesta se basa en que “no existe un estudio publicado que demuestre una relación de causalidad entre el número de viviendas de uso turístico y el incremento del precio del alquiler tradicional".

Cubo hacía referencia a un estudio realizado por el catedrático de la UMA Enrique Navarro. En él habría constatado que un 10% de pisos turísticos aumentan un 31% el precio del alquiler. Cabe destacar que el informe que usó el Ayuntamiento en su momento afirma que a partir del 8% de presión sobre el total del parque de una zona se genera un aumento del precio, motivo por el que marcaron ese porcentaje como el máximo permitido por barrio.

Así, antes de la moratoria total de tres años que dio el Ayuntamiento y que prohíbe cualquier nueva vivienda turística en la ciudad, eran 52 barrios los que superaban este umbral. Cubo señaló que "los propietarios que no pudieron hacer frente a los 3.000 euros que le pedía el abogado vieron cómo decaía su inscripción", y que como asociación "nos pusimos del parte del ciudadano y pensamos que no se puede aplicar retroactivamente" una norma. Esto se debe a que la instrucción marcaba desde febrero de 2024 la necesidad de tener entrada y servicios independientes para poder inscribir las viviendas turísticas, aunque se firmó en junio de ese año, lo que generaba cuatro meses de "retroactividad" para Cubo.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga ha pedido la baja de cerca de dos millares de viviendas turísticas con base en esta instrucción y la posterior prohibición relacionada con la saturación. Ahora, ya con la moratoria total en tanto se modifica el Plan General, la Junta de Andalucía ha implantado una nueva herramienta por la que no permite ninguna inscripción en la ciudad.