Los pisos turísticos ganan la primera batalla al Ayuntamiento de Málaga tras su prohibición

La primera batalla en la prohibición de los pisos turísticos se la llevan los propietarios de estos frente al Ayuntamiento de Málaga. Por inasistencia del Consistorio y, al menos, de momento. Esta se remonta a cuando Urbanismo aprobó una instrucción (una norma interna) que exigía que las viviendas de uso turístico (VUT) tuvieran entrada y usos independientes. Después, una modificación de la ordenanza por la que prohibía nuevos vacacionales en barrios saturados. Y por ella pidieron dar de baja del Registro de la Junta de Andalucía a más de un millar de inscritos que, decían, no cumplían.

Multitud de propietarios, de manera particular, alegaron a la Junta este proceso, por los que sus pisos, mientras se resolvía el proceso, seguían en el registro. La administración autonómica, entonces, dio un plazo de seis meses para que el Ayuntamiento justificará el motivo de esta baja ante las alegaciones. No hubo respuesta. A lo que otorgó una prórroga de seis meses más. Mutis del Consistorio otra vez. Así, están empezando a llegar escritos de la Junta a los propietarios que reclamaron indicando que ante la no respuesta de Urbanismo, le daban la razón a los propietarios, como ha publicado eldiario.es y ha podido comprobar este periódico.

En el Ayuntamiento no dan la batalla por perdida y aseguran que presentarán estas justificaciones. Fuentes municipales indican que "cada expediente de cancelación de una vivienda turística, desde la aprobación de la instrucción en junio de 2024, requiere de un informe individualizado. Los informes de contestación de las alegaciones se van a elaborar uno a uno, tras lo cual serán remitidos a la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, desde donde se volverá a incoar el procedimiento de cancelación y se podrá resolver la cancelación definitiva de toda vivienda turística que no cumpla con la normativa vigente".

El presidente de AVVAPro, la patronal de las viviendas turísticas, Juan Cubo, afirma que cada uno de los propietarios han hecho la alegación bajo un coste de "entre 2.500 y 3.000 euros de su bolsillo", y que la no respuesta se basa en que “no existe un estudio publicado que demuestre una relación de causalidad entre el número de viviendas de uso turístico y el incremento del precio del alquiler tradicional".

Cubo hace referencia a un estudio realizado por el catedrático de la UMA Enrique Navarro. En él habría constatado que un 10% de pisos turísticos aumentan un 31% el precio del alquiler. Cabe destacar que el informe que usó el Ayuntamiento en su momento afirma que a partir del 8% de presión sobre el total del parque de una zona se genera un aumento del precio, motivo por el que marcaron ese porcentaje como el máximo permitido por barrio.

Así, antes de la moratoria total de tres años que dio el Ayuntamiento y que prohíbe cualquier nueva vivienda turística en la ciudad, eran 52 barrios los que superaban este umbral. Cubo señala que "los propietarios que no pudieron hacer frente a los 3.000 euros que le pedía el abogado vieron cómo decaía su inscripción", y que como asociación "nos pusimos del parte del ciudadano y pensamos que no se puede aplicar retroactivamente" una norma. Esto se debe a que la instrucción marcaba desde febrero de 2024 la necesidad de tener entrada y servicios independientes para poder inscribir las viviendas turísticas, aunque se firmó en junio de ese año, lo que generaba cuatro meses de "retroactividad" para Cubo.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga ha pedido la baja de cerca de dos millares de viviendas turísticas con base en esta instrucción y la posterior prohibición relacionada con la saturación. Ahora, ya con la moratoria total en tanto se modifica el Plan General, la Junta de Andalucía ha implantado una nueva herramienta por la que no permite ninguna inscripción en la ciudad.