El Ayuntamiento de Málaga implantará la tasa de basura al menos un año más tarde de lo que debía

Málaga llegará, al menos, un año tarde a la implantación de la tasa de basura a la que obliga el Gobierno de España, por trasposición de la normativa europea. La misma indicaba que debía implantarse antes de abril de 2025. Este viernes, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha indicado que espera que pueda estar durante el primer trimestre de 2026, pero sin ofrecer ningún tipo de seguridad al respecto.

Conde, en declaraciones a medios, ha afirmado que en su departamento están esperando la ordenanza administrativa que sustente una posterior ordenanza fiscal. Esta depende del área de Servicios Operativos y Limasam. Espera que estos terminen el documento sobre el que puedan trabajar desde la pública Gestrisam –la empresa de la que depende el cobro de tasas e impuestos municipales– "en los quince primeros días de este mes". Entonces, "durante el último trimestre del año podremos avanzar en los diferentes expedientes" para poner la tasa en vigor, ha explicado Conde. Esto es, el plazo de exposición pública o la aprobación en comisión y pleno, entre otros pasos administrativos que deben cumplirse.

Conde ha criticado con dureza al Gobierno de España, asegurando que la ley ha sido "muy discutida por los ayuntamientos" por la dificultad para implantarla, "se ha hecho con demasiada virulencia [por parte del Ejecutivo], se podía haber hecho de manera más dialogada y mejor definida, la ley tiene dificultades en su aplicación y estamos tratando de evitar la litigiosidad que se está produciendo en otros municipios", ha asegurado, a la vez que ha sostenido que en otros países de la comunidad han sido más laxos con la aplicación de la norma europea, siendo España uno de los estados más restrictivos.

La tardanza en la aplicación se debe, en parte, a que el Ayuntamiento de Málaga ha tenido que modificar el procedimiento para el cálculo de la tasa sobre el que estaban trabajando. En un primer momento optaron por asociarla al consumo de agua de las viviendas, defendiendo que era una manera más ajustada a la realidad. Sin embargo, tuvieron que dar marcha atrás a esa idea y ahora trabajan en una medición relacionada con el valor catastral de las viviendas y el número de moradores en ellas.

Conde ha afirmado que "sería prudente" a la hora de indicar cuál será el futuro importe a repercutir en cada vivienda, debido a este cambio en la fórmula del cálculo. Sin embargo, sí que ha señalado que no habrá "serias desviaciones respecto a la cifra que ya estábamos barajando". Las estimaciones que se barajaban hasta el momento tendría un coste fijo de 93 euros por vivienda, a lo que hay que sumar un variable que dependerá del consumo de cada vivienda. El cálculo de este variable nunca podría superar los 224 euros por ejercicio. Conde ha indicado que que el método de cálculo "va a suponer un esfuerzo administrativo brutal".

Con estso cálculos, el concejal de Economía ha indicado que aún no entran en los cálculos para los próximos Presupuestos Municipales, ya que "en función de cuándo la tengamos en fecha y cómo, podremos decir en qué medida repercutirá". El Ayuntamiento también anunció una reducción del IBI (aunque no puede ser muy grande porque el impuesto ya se encuentra cerca del mínimo) para tratar de paliar el coste por esta nueva tasa. Conde tampoco se ha aventurado a definirla hasta que no esté finalizado el texto definitivo.