Es un escalón que cualquier persona puede superar con facilidad levantando la pierna, pero que para alguien con discapacidad constituye una barrera arquitectónica. Y está en un edificio público: la Inspección de Trabajo. La denuncia la hizo a través de redes sociales César Giménez, un hombre que tiene que desplazarse en silla de ruedas. No porque tuviera que hacer ningún trámite en esta institución, sino como mero ciudadano concienciado con el problema.

Pero si llama la atención que después de tantos años de sensibilización contra las barreras arquitectónicas y muchos textos normativos para eliminarlas aún sigan existiendo, más sorprendente aún es que dos administraciones se culpen recíprocamente de que todavía no se le haya dado una solución. La Subdelegación del Gobierno, de quien depende la Inspección de Trabajo, responsabiliza a la Gerencia de Urbanismo y ésta, que debe dar la licencia, a la Administración central.

“No tengo que hacer ningún trámite en la Inspección, pero paso por allí y decidí denunciarlo, actuar; como cuando un ciudadano ve que le están robando a una persona e interviene”, argumenta. Incluso puso un escrito de queja el pasado 30 de marzo ante la Inspección de Trabajo por la inexistencia de una rampa.

Según la Subdelegación, la institución dispone de una rampa portátil, que se pone cuando es necesario que acceda una persona con discapacidad. “Es efectiva, pero no es la solución definitiva”, aclararon. Y el problema viene con esta solución definitiva.

Debido a las características del edificio, la rampa tiene que ir por fuera y requiere de una declaración de imposibilidad física, que debe dar el Ayuntamiento. Esta declaración viene a ser la certificación de que existe un obstáculo insalvable en un inmueble concreto que impide cumplir la normativa de accesibilidad, que sería el plan A, y da la luz verde para acometer un plan B, que sería la rampa exterior.

Según la Subdelegación del Gobierno, la culpa de la situación es de la Administración municipal. “Ha pasado casi un año y todavía la Gerencia de Urbanismo no ha dado la licencia de obras para la rampa de un escalón”, afirmó un portavoz que indicó que ya existe proyecto y presupuesto para la obra. Incluso apuntó que, dado que el presupuesto tiene un tiempo para su ejecución, si la Gerencia no concede pronto la licencia –el segundo paso en el que interviene el Consistorio tras la declaración de incapacidad física–, podría ocurrir que el procedimiento caducara y tuviera que iniciarse de nuevo. “No es normal casi un año esperando para una licencia para darle una solución definitiva” a esa barrera arquitectónica, indicaron.

Pero según Urbanismo, la demora para una solución definitiva es responsabilidad de la otra parte. La Gerencia dice que la Administración central ha iniciado dos veces el proceso. En la primera, asegura, obtuvo la declaración de imposibilidad física por parte de Urbanismo en octubre de 2019, tras lo que solicitó la licencia. Pero no depositó la fianza de 12.537.57 euros, como debía. Así que en julio pasado, la Administración central volvió a solicitar la declaración de imposibilidad física, que se le concedió en noviembre a través de sede electrónica. “Al no haber accedido a la sede electrónica en el plazo legal, consta acreditado en el expediente que a todos los efectos se ha producido la notificación. El interesado puede solicitar copia de la notificación, tras lo cual puede presentar el proyecto, éste ser aprobado por Urbanismo, tras los informes correspondientes, obtener la licencia de obra y comenzar la obra de la rampa”, según el Ayuntamiento.

En resumen, la Administración central replica que está esperando que la Gerencia de Urbanismo le dé la licencia y ésta que está aguardando a que se la pidan. Mientras, los minusválidos que tengan que acceder al edificio de la Inspección de Trabajo tendrán que seguir utilizando la rampa de quita y pon...