Conseguir un empleo no es fácil. Pero para las personas con discapacidad física o sensorial es “complicadísimo”. Y en el caso de que ésta sea intelectual, “ya es una quimera, imposible”. Así lo resume el vicepresidente de la asociación Plena Inclusión Andalucía, Alfonso Rubio. La inserción laboral del colectivo es, según sus palabras, una “asignatura pendiente”.

Según la Fundación Adecco, ha habido cierto “avance” en la contratación de estas personas en los últimos años. A nivel nacional, se hicieron 55.714 contratos en 2008 y el doble en 2018. Pero esta organización añade un matiz clave: “Este incremento ha tenido lugar, fundamentalmente, en centros especiales de empleo”, que son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado. Exactamente, el 71% de los contratos firmados por personas con discapacidad tienen lugar en este ámbito protegido. Dicho de otro modo, prácticamente tres de cada cuatro personas con discapacidad que se insertan laboralmente, lo hacen en un centro especial de empleo (CEE), no en una empresa normal. Por eso Adecco advierte que esta modalidad “se está convirtiendo en un fin, en lugar de constituir un medio” para llegar a la empresa ordinaria.

Rubio –que también es presidente de Aspromanis, especializada en la atención a la discapacidad intelectual– recuerda que esta asociación malagueña tiene a empleados en nómina que “pelean” porque estas personas puedan acceder a los beneficios de la Ley de Dependencia, así como a la inserción laboral. Su centro especial de empleo –Aspromanis Servicios– da trabajo a medio centenar de empleados, 26 de ellos con discapacidad intelectual que así se ganan un sueldo. Lavadero de coches, lavandería industrial y panadería son las empresas que posee esta organización con la modalidad de CEE. “Tenemos que meternos a empresarios sin serlo y dar codazos para hacerles un hueco en el mercado laboral. Las asociaciones tenemos que poner la iniciativa, el esfuerzo y nuestra aportación económica”, destaca Rubio.

En la provincia de Málaga, unas 2.500 personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo. Unos 11.000 en Andalucía. Pero este dato se queda muy pequeño, si se tiene en cuenta que en la comunidad autónoma hay unas 578.000 personas con diferente tipo de discapacidad.

Según la legislación, las administraciones públicas deben reservar un 3% de los puestos para personas con discapacidad y las empresas con más de 50 empleados, el 2%. Porcentajes que, según Rubio, no se cumplen “ni en el sector público ni en el privado”. La peor situación la viven las personas con discapacidad intelectual. En el mercado privado puro y duro, prácticamente nadie las contrata, “salvo que el empleador tenga alguna vinculación con esa persona; por ejemplo que sea en la carnicería de su padre”, comenta el presidente de Aspromanis.

Falla la inserción en el mercado laboral y, antes, falla la formación. Rubio explica que en el sistema educativo se contempla la integración de todos tipos de discapacidad hasta que acaba la Secundaria. Completada la educación obligatoria, quienes tienen una discapacidad física o sensorial, “aunque con muchas dificultades, pueden llegar a integrarse en la formación reglada para el empleo”. Pero los que tienen una discapacidad intelectual no tienen ninguna opción de cursos para poder conseguir luego un trabajo. “No pueden formarse porque no hay cursos para ellos y no pueden trabajar porque no tienen formación”, critica Rubio.

Los asalariados con algún tipo de discapacidad tuvieron, de media, un sueldo bruto anual de 20.799 euros; casi un 18% menos que el de las personas sin discapacidad. En los centros de empleo de Aspromanis, los ingresos oscilan entre los 1.000 euros brutos mensuales y los 1.400. La importancia de la inserción laboral es económica –porque disponen de un sueldo que es mayor que una pensión no contributiva–, pero también social –porque se integran y llevan una vida más normalizada–.

Rubio explica que para los padres –sobre todo para aquellos que tienen hijos con discapacidad intelectual– la vida es “un proceso infinito de angustia” por su futuro. De hecho, Aspromanis también ha creado una fundación para que asuma la tutela de aquellos que lo necesiten. “Al menos, tengo ese sosiego para cuando yo no esté”, apunta el presidente de Aspromanis. Un sosiego que, confiesa, siempre es “a medias”.