Una 'batalla' entre los derechos y el miedo a perder el empleo

Uno de los grandes focos de economía sumergida ha sido tradicionalmente el de las empleadas de hogar. Miles de personas, mayoritariamente mujeres y extranjeras, trabajan varias horas o días a la semana en casas de miles de familias malagueñas limpiando, planchando, haciendo la comida, cuidando a los niños o a personas mayores. En la mayoría de casos, sobre todo aquellos en los que la trabajadora solo va unas horas a la semana, no tienen contrato. Hasta ahora, las empleadas de hogar se pagaban su propio sello de autónomo y pasaban a cotizar en el régimen de Empleados de Hogar de la Seguridad Social. Otras muchas ni siquiera eso. Cobraban todo en negro y no declaraban nada, principalmente aquellas que tienen una pensión o que tienen como acompañamiento el sueldo del marido y, por tanto, todos los derechos sociales.

Una de las últimas cosas que aprobó el gobierno de Zapatero fue un Real Decreto, el 1620/2011 publicado en el BOE el 17 de noviembre, que pretende regular esta situación. La forma establecida es que las empleadas de hogar pasen a cotizar directamente al régimen general, lo que obliga a sus empleadores a hacerles un contrato y darlas de alta en la Seguridad Social. De esta forma, todo aquel que tenga a una persona trabajando en su casa en labores domésticas -desde una hora a la semana hasta fija siempre que trabaje más de un mes- tendrá que actuar como cualquier empresa: rellenar un contrato -el Ministerio de Empleo tiene un formulario tipo- y pagar la cotización. Ésta última se ha establecido en un 22%, teniendo que abonar el empleador el 18,3% y el empleado el 3,7% restante, aunque se irá incrementando de forma paulatina hasta 2019 para equipararse al resto de trabajadores del régimen general. Esta medida es de obligado cumplimiento desde el 1 de enero y el plazo para regularizar todas las situaciones termina el 30 de junio. La norma supone que las empleadas de hogar que no trabajan por horas tendrán derecho a dos pagas extras completas, un mes de vacaciones pagadas, días festivos y una indemnización por despido de 7 a 12 días con un máximo de seis mensualidades.

Nati Daza, voluntaria de la asociación Amigos de Bolivia en Málaga y empleada de hogar, explica a este diario que "se ha luchado mucho para alcanzar esto y la ley hay que acatarla", aunque reconoce que está habiendo numerosos problemas. Hay casos en los que los empleadores no conocen este cambio legislativo y "muchas empleadas tampoco están enteradas y trabajan como si nada". Esta asociación, como otras, van a realizar campañas informativas para dar a conocer este Real Decreto y concienciar a los ciudadanos de su cumplimiento. Hay otros casos en los que el empleador, directamente, le dice a la trabajadora que no le va a hacer ningún contrato y, por tanto, le da dos opciones: seguir cobrando en negro o dejar el empleo.

La trabajadora puede denunciarlo pero, según explican desde la Asociación Nacional de Mujeres Ucranianas en España, cuya sede está en Málaga, "las mujeres no van a tomar ese tipo de determinación por miedo a perder los trabajos". Cabe señalar que la mayoría de empleadas de hogar que trabajan en Málaga son extranjeras de fuera de la Unión Europea y necesitan un permiso de trabajo y un empleo para poder quedarse en España. La asociación ucraniana subraya que las empleadas de hogar que no tienen la tarjeta de residencia permanente no podrán renovar sus permisos y, por tanto, tendrán que seguir en la "clandestinidad laboral" y con el temor de ser expulsadas del país en cualquier momento, pues necesitan cotizar al menos seis meses al año. Aquellas personas que sí tengan la tarjeta de residencia permanente tampoco podrán cotizar si el empleador no les da de alta, ya que no podrán ser autónomas.

También se está dando una variable intermedia. El empleador hace un contrato y da de alta al trabajador pero le paga menos sueldo, bien mensual o bien por horas. "Hay personas que antes pagaban 10 euros la hora y ahora pagan 9 euros. Creo que eso tampoco es justo aunque los extranjeros lo aceptan para no perder los papeles", señala Daza, quien dice que el mayor número de problemas se está dando precisamente en aquellas casas donde la empleada trabaja solo unas horas a la semana. "Al pagar solo por horas a la gente le da pereza tener que rellenar todo el papeleo y, además, no quieren pagar más dinero", afirma. La propia Daza trabaja en tres casas por las mañanas y, según explica, "dos sí me han hecho contrato y otro no quiere". Va a ser un tema polémico en miles de casas, pero lo exige la ley.