La cultura político empresarial que marcó la era del pelotazo tendrá su prueba definitiva en septiembre con la sentencia del caso Malaya. Aquella combinación de populismo político, negocios rápidos y confusión de lo público y lo privado será en gran medida legitimada o reprobada por el dictamen del tribunal. Es al menos la expectativa que genera la  sentencia anunciada para el mes de septiembre.

La sala tendrá que decidir si realmente, como mantiene la Fiscalía Anticorrupción, en la Marbella del gilismo y su concienzuda confusión urbanística había promotores que pagaban dinero para que se diseñara la ciudad de acuerdo con sus intereses más inmediatos. También resolverá si ese dinero era utilizado por el asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, para enriquecerse él y, a su vez, sobornar periódicamente a concejales y alcaldes, de modo que el equipo de gobierno nunca se interpusiera en sus intereses, mientras una pléyade de abogados y profesionales se ocupaban de las formas fiscales y mercantiles, y de borrar el rastro del dinero.  Esta es la esencia del caso Malaya visto desde la perspectiva de la acusación. Las defensas, en cambio, observan Malaya como una componenda dirigida a buscar una cabeza de turco sobre la que expiar unos males no exclusivos de Marbella ni del GIL.

El caso Malaya es la mayor causa judicial celebrada en España hasta la fecha y la primera que sienta a tantas personas en un banquillo acusadas de corrupción. Gran parte de su interés se centra en que será la primera respuesta que dará la Justicia a lo que se presupone que fue el uso habitual de la maquinaria pública para fines de dudosa legalidad. Será el precedente, el espejo al que se mirará a continuación en todos los demás procesos por corrupción que han surgido  por todo el país. Su importancia, por tanto, es vital al margen incluso de cuál sea el fallo. Determinará la utilidad de las macroinvestigaciones, la capacidad de policías y jueces y la validez del ordenamiento penal para afrontar los denominados delitos de cuello blanco.

El nudo gordiano de la causa reside en los denominados documentos de Maras. Se trata de archivos digitales y en papel que  la Policía encontró avanzada ya la investigación en una caja con efectos intervenidos. Esos archivos recogen en hojas de cálculo una serie de iniciales que corresponden con la identidad de concejales y promotores inmobiliarios que entonces tenían intereses en el municipio junto a una serie de cantidades. Para la acusación ésa era la contabilidad secreta de Juan Antonio Roca, en la que anotaba sus entradas y salidas de dinero B.

Roca rechazó hasta el 17 de octubre de 2011 que esos documentos tuvieran nada que ver con él. Sin embargo, ese día se produjo un acontecimiento que dio un vuelco importante a la causa: la Fiscalía Anticorrupción anunció que había llegado a un acuerdo con el empresario Ismael Pérez Peña. El acusado admitía que había sobornado a Juan Antonio Roca, a la ex alcaldesa Marisol Yagüe y a su primera teniente de alcalde, Isabel García marcos, y que efectivamente eran sus iniciales las que figuraban en los papeles de Maras.

A cambio de esa confesión, el empresario aceptaba una condena de multa en lugar de los 11 años de cárcel que inicialmente le pedía el Ministerio Público. Semejante trato le daba al fiscal seguridad en su principal prueba. La hierba empezaba a moverse. 

El 7 de noviembre de 2011 Juan Antonio Roca cambió de versión. En contra de lo que había mantenido durante los últimos cinco años confesó que sobornaba periódicamente a los concejales, a través de los portavoces municipales (Yagüe, García Marcos y el prófugo Carlos Fernández), aunque matizó que con el único objetivo de que no rompieran el equipo de gobierno.

El escaso interés de Roca por salvar a los políticos contrastó con su esfuerzo por proteger a los empresarios. Explicó que ahí figuran los nombres de los promotores no porque le pagaran sobornos, sino porque tenía negocios con ellos y anotaba regularmente el capital que movían en los diferentes negocios.

Esa versión, no obstante, tiene la debilidad de la confesión del promotor inmobiliario y empresario taurino Fidel San Román. Este procesado reconoció primero al juez de instrucción y después al tribunal del caso Malaya que pagó a Juan Antonio Roca entre febrero y diciembre de 2005 tres millones de euros en sobornos.

Explicó que en 2000 compró unos suelos sin saber que, en realidad, pertenecían a Juan Antonio Roca, y comenzó a construir varios bloques con 800 viviendas. Cuando ya tenía 50 ó 60 pisos listos para entregar las llaves, el Ayuntamiento le negó la licencia de primera ocupación. Entonces pagó. El tribunal tiene ahora ante sí dos cuestiones principales: creer o no si los documentos de Maras recogen sobornos de los promotores y determinar si el dinero que entregaba a los portavoces municipales también llegaba al resto de los concejales. De la respuesta que dé a estas cuestiones dependerá en gran medida la solución del caso Malaya.

El juicio concluyó el 30 de julio del año pasado. Habían transcurrido 22 meses y 199 sesiones desde que comenzó el 27 de septiembre de 2010 con 95 procesados en el banquillo. Poco antes de terminar la vista oral la Fiscalía Anticorrupción retiró los cargos contra nueve procesados y mantuvo la acusación contra los 86 restantes, para los que reclama en conjunto 490 años de cárcel y multas que suman 3.800 millones de euros.

El presidente del tribunal, el magistrado José Godino, llegó incluso a sopesar que la sentencia pudiera estar lista para la Semana Santa de 2013, pero enseguida comprendió que el asunto necesitaba más tiempo. Después se empeñó en que fuese a finales de julio pero tampoco pudo ser. En esas fechas, el tribunal tenía ya redactados 4.000 folios , pero quedaban algunos flecos: cálculos de las penas que corresponden a algunos de los acusados que finalmente sean condenados, elaborar un índice y revisar algunas páginas. El tribunal anunció entonces que la sentencia se leerá en septiembre.

Mientras tanto, Juan Antonio Roca aguarda en la cárcel. Aunque sólo tiene una condena firme de seis años y 10 meses de prisión por el caso Saqueo I y el año pasado llegó un acuerdo con Marbella para saldar la responsabilidad civil derivada de ese procedimiento, lleva en la cárcel cerca de siete años y medio. Instituciones Penitenciarias le niega sistemáticamente los permisos porque tiene otra condena de cuatro años recurrida ante el Supremo, está pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia en el caso Saqueo II y, además, acumula varias decenas de causas en los juzgados de Marbella.