Un catedrático "felicita" el urbanismo de Alhaurín durante el caso Troya

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Ángel Sánchez Blanco, aseguró ayer en su declaración como perito propuesto por los acusados del caso Troya que "no observa ninguna anomalía que llame espectacularmente la atención" en las 14 licencias de obra que expidió el equipo de Juan Martín Serón (PP) entre 2002 y 2006 y que presumiblemente dieron lugar al pago de sobornos. "Las 14 se adecuan al ordenamiento administrativo", remató el experto universitario. La efusividad con la que el catedrático Sánchez Blanco defendió la legalidad de estas decisiones administrativas le llevó incluso a "felicitar" que en "Alhaurín el Grande se hagan las cosas tan bien". Esta afirmación la realizó cuando era preguntado por la licencia de obras que obtuvo en abril de 2006 José Burgos Leiva, precisamente el promotor que dio lugar al caso Troya cuando denunció a la Policía que el concejal de Urbanismo de ese municipio, Gregorio Guerra, le exigía una dádiva de 122.000 euros.

El fiscal entiende que esa licencia excedía los topes de edificabilidad permitidos. Para el catedrático, en cambio, el concejal de Urbanismo únicamente autorizó una obra en la que no observa nada anormal "salvo una afortunada síntesis estética para eludir una medianería preexistente". Y en relación a otro proyecto autorizado también con el informe en contra del técnico municipal aseguró que había permitido generar "una grata avenida forestada".

En términos generales Ángel Sánchez Blanco defendió que las decisiones urbanísticas que han dado lugar a que se presenten cargos contra Gregorio Guerra por 14 delitos contra la ordenación del territorio son acertadas y respetuosas con las normas. Este catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga tiene un prolija experiencia en el estudio de polémicas urbanísticas. En su momento emitió un informe a propuesta del GIL sobre el urbanismo en Marbella, firmó otro estudio avalando la gestión del exalcalde de Zurgena (Almería) y a petición de la organización Asaja ha valorado también el impacto del anillo ferroviario en la vega de Antequera.

Junto a Sánchez Blanco compareció ayer en calidad de perito de la defensa el arquitecto Francisco Taboada quien en el peor de los casos apreció que podían haber existido "infracciones leves" y fácilmente subsanables, en todo caso sin entidad suficiente para que den lugar a una acusación por delito contra la ordenación del territorio. Frente al criterio sostenido por Sánchez Blanco, Taboada y el también perito Francisco Carrera, el arquitecto municipal Miguel Ángel Gutiérrez mantuvo que desde su punto de vista las irregularidades revestían mayor seriedad. Uno de los aspectos más controvertidos para los peritos de una y otra parte son la aplicación o no de los estudios de detalle en las licencias objeto de la discusión.

Los técnicos propuestos por las defensas sostuvieron que no, frente al arquitecto municipal que explicó que sí porque contienen las condiciones pormenorizadas de las normas urbanísticas, en la que se atribuyen a cada parcela de un sector la densidad y coeficiente de edificabilidad. Desde su punto de vista romper con estos parámetros significa ir contra el modelo urbanístico general que se proponía en el plan general de ordenación urbana.