El futuro de numerosos centros especiales de empleo pende en estos momentos de un hilo. La causa es que arrastran deudas considerables por los impagos de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y eso les está obligando a pedir más créditos, aumentando así la bola de nieve, o a tener que despedir a personal. Incluso desde la patronal andaluza del sector se asegura que ya se están cerrando establecimientos, con la correspondiente merma de las posibilidades de contratación de las personas discapacitadas, uno de los colectivos más castigados durante la crisis.

Si una empresa cualquiera contrata a un discapacitado recibe una ayuda única de 3.000 euros. Si se abre un centro especial de empleo, la Administración paga al empleador 12.000 euros por cada puesto creado y la mitad del Salario Mínimo Interprofesional al mes (322,65 euros). A cambio, se le exige que, como mínimo, el 70% de la plantilla sea discapacitada. Se trata así de potenciar la contratación de las personas que tengan algún tipo de minusvalía. Además, según señalan los empresarios que tienen centros de este tipo, su productividad es menor y se compensa con esas ayudas.

Los gestores de estos centros aseguran que la Junta no está al corriente en los pagos, sobre todo en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla. En el caso de Málaga, hay centros a los que se les debe la mayoría del año 2013 y todo el año 2014 porque, en este último ejercicio, se derogó la orden de incentivos en marzo y no se ha sacado una nueva. Dicho de otra forma, ningún centro especial de empleo en Andalucía puede pedir las ayudas correspondientes a 2014 y, por tanto, este año no han recibido nada, aunque eso no les exime, lógicamente, de abonar las nóminas de sus empleados, pagar la luz, el agua, etcétera.

"Nos deben 17 meses de la subvención, lo que equivale a unos 100.000 euros. Para poder seguir pagando hemos tenido que pedir créditos que nos acarrean un gasto financiero de 15.000 euros al año. La Junta nos tiene exhaustos económicamente y cuando vas a pedirle que te paguen encima se enfadan", explica Alfonso Rubio, presidente de Aspromanis. Esta asociación tiene un centro especial de empleo en el que trabajan 19 personas lavando coches, arreglando jardines o transportando cosas pesadas a los domicilios.

A Daniel Díaz, gerente del fabricante de uniformes escolares Textil Brosmar Los Corrales, le deben 104.000 euros de parte del año 2012, todo el 2013 y lo que va de 2014. Es una empresa familiar malagueña aunque su centro de producción está en Sevilla. Tiene nueve trabajadores y, según asegura, "la Junta me está ralentizando el crecimiento porque facturamos unos 300.000 euros al año y nos deben un tercio. Si recibiéramos las subvenciones en tiempo y forma no tendría que estar negociando pólizas de crédito, ni pagar comisiones, ni líneas de descuentos de pagarés".

Otro de los centros especiales de empleo consultados por este diario es Los jabones de Afim, una fábrica ubicada en la Trinidad que posee tres trabajadores con discapacidad. Su gerente, Josefa Rando, señala que "lo último que hemos cobrado fue el primer cuatrimestre de 2013 [la Junta paga por cuatrimestre vencido] por lo que nos deben unos 4.500 euros del año 2013 y todo 2014". A eso hay que añadirle que, según denuncia, tampoco han recibido 4.500 euros de la adaptación de unos puestos de trabajo realizada en 2009. "Abrimos el centro especial de empleo en 2009 y no nos llegó la primera subvención hasta pasados dos años", recuerda.

Rando subraya que el 2014 "está siendo duro, pero lo estamos salvando porque hemos recibido algunos pedidos grandes y porque la fundación Afim cubre los gastos que queden". La gerente reconoce que este tipo de centros "no pueden depender solo de subvenciones y tenemos que intentar ser productivos por nosotros mismos, pero la crisis ha venido para todos y, en nuestro caso concreto, los jabones artesanales no son un producto de primera necesidad". En cualquier caso, Rando destaca que son "casi autosuficientes" porque venden en numerosas farmacias o herboristerías, a la vez que sus productos son reclamados como regalos de empresa.

La Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza (Aceca) ha empezado a movilizarse. Su presidenta, María del Mar Martín, asegura que "hemos mandado cartas a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, o al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, y no nos han hecho ni caso. Estamos abiertos a cualquier tipo de protesta para que se note que no estamos de acuerdo porque a la Junta se le llena la boca con temas sociales y luego no hay dinero". Martín relata que "la Junta ha dicho que podría dar 15 millones de euros para el 2014 y con eso no hay ni para empezar. ¿Quieren que hagamos todos una carrera para ver quién coge primero las subvenciones?". Según Aceca, en Andalucía hay 10.600 trabajadores en centros especiales de empleo por lo que la subvención debería rozar los 40 millones de euros al año. En este patronal denuncian además que Andalucía "es la peor comunidad en este tema porque siempre ha habido retrasos, mientras que en otras regiones se paga mes a mes o incluso por adelantado".

La delegada provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, no cree que la situación sea tan alarmante. "Hemos hecho un esfuerzo enorme en ponernos prácticamente al día en el pago de las subvenciones. Este último año hemos pagado cinco millones de euros y se ha requerido la documentación a las empresas sobre el 2013", subraya la delegada, quien hace hincapié en que se producen también retrasos en los pagos por falta de documentación. "Hay centros que en cuanto termina el cuatrimestre nos presentan todos los datos rápidamente y otros a los que se los tenemos que pedir muchas veces y no es sencillo porque hay que verificar que todo esté correcto para dar la subvención. Hay que analizar las nóminas, los procesos... Lleva una complejidad administrativa y Málaga es además la provincia andaluza con más centros especiales de empleo", aclara.