Más de la mitad de los ciudadanos no puede afrontar gastos imprevistos

La economía de las familias continúa enfilando la cuesta abajo o eso demuestran las estadísticas. El 50,6% de la población andaluza afirma que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, tan básicos como reparar el frigorífico, algo que obliga en muchos casos a acudir a los servicios sociales para solicitar ayudas de emergencia. Mientras se suceden los despidos y los recortes, al tiempo que suben los precios de la luz, del transporte público y hasta de las autopistas de peaje, los ciudadanos encajan a duras penas el impacto de la crisis. De hecho, Andalucía se ha convertido en una comunidad en la que el 19% de los hogares manifiesta llegar a fin de mes con muchas dificultades, según explicó ayer el presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga, Rafael Arredondo.

Otro dato indicativo de la tragedia silenciosa que va impregnando cada día en la sociedad es el que se refiere a las peticiones presentadas del salario social. En 2007 se registraron 21.500 solicitudes, cifra que en 2011 ascendió a un total de 56.000, lo que se tradujo en un incremento del 224% en solo cinco años. Esta prestación se sitúa actualmente en unos 397 euros, aunque varía según el número de miembros del núcleo familiar. Se trata de una ayuda que comenzó siendo un apoyo para familias en situación de exclusión pero que, debido a la situación límite que atraviesan, ahora también lo perciben quienes han perdido su trabajo, agotado el desempleo y que ya no disponen de ingresos.

En el caso de Málaga, el número de instancias de este tipo alcanzó las 7.500 en 2011, de las cuales se concedieron 6.622. Así, la provincia destaca como aquella en que más solicitudes de salario social se aceptaron en Andalucía ese año. Tras cuatro años de crisis, con casi 6 millones de parados, era previsible que la pobreza hubiera crecido en España. Mientras que en 2008 el umbral se situaba en los 16.317 euros anuales, en 2012 la tasa ha pasado a ser de 15.445, con una bajada del 5% y que supone que el país "sea más pobre todavía", afirmó el portavoz de los trabajadores sociales.

Las previsiones del presupuesto de la Junta y del Gobierno central para este 2013 tampoco parecen invitar al optimismo. En lo que respecta al plan concertado, la columna vertebral de los servicios sociales, la aportación del Ejecutivo para la comunidad es de unos 800.000 euros, un recorte del 72% en relación con 2008. Asimismo, la administración regional destinará 6,7 millones, un 20% menos que hace cuatro años. "Se ha dado un hachazo tremendo a los servicios sociales", manifestó el representante del Colegio.