Una colaboradora de Roca subraya el interés de Muñoz en el Guadalpín

Julián Muñoz era algo más que una marioneta que firmaba convenios a demanda incluso sobre el capó de coches. Cuando fue alcalde de Marbella (primero al ser inhabilitado Jesús Gil y después al ganar las elecciones) se disputó con Juan Antonio Roca las riendas del urbanismo de Marbella. La abogada María Castañón, mano derecha del ex asesor de urbanismo y principal acusado en el caso Malaya, atribuyó ayer al ex alcalde el protagonismo en el convenio que firmó el municipio con la promotora Aifos para legalizar, en contra de las normas urbanísticas, el hotel Guadalpín.

Este acuerdo se suscribió en marzo de 2002 y fue el que en 2005 dio lugar al caso Malaya, después de que el jefe de los servicios jurídico contara en otro procedimiento al juez Miguel Ángel Torres que Roca era quien manejaba los hilos en el Ayuntamiento de Marbella.

María Castañón, convertida ahora en uno de los principales testigos de la Fiscalía Anticorrupción, contó que la rivalidad entre Muñoz y Roca condujo a que existieran en Marbella dos urbanismos. Por un lado el que Roca, "que no se amilanaba", desarrollaba desde la sociedad Planeamiento y, por otro, el que lideraba el ex alcalde que, a tal efecto, ya tenía a su propio abogado en el Ayuntamiento.

Este era el contexto que existía cuando Julián Muñoz le pidió que redactara el convenio del Guadalpín. El Ayuntamiento había ordenado parar las obras que estaban ya casi terminadas y con ese convenio se podría levantar la orden de suspensión. Se da la circunstancia de que a finales de junio de este año Julián Muñoz se sentará en el banquillo en otro juicio junto a su ex pareja Isabel Pantoja por presunto blanqueo de capitales en la compra de un apartamento a la promotora Aifos en el complejo Guadalpín Banús, entre otras operaciones sospechosas.

Castañón dejó claro que el protagonismo en el caso de Aifos lo tenía Julián Muñoz, si bien Roca, a petición del ex alcalde, también participó porque el proyecto estaba embrollado tras la denuncia presentada por una comunidad de propietarios.

Su antigua colaboradora mantuvo que Roca controlaba el planeamiento del municipio, pero también el urbanismo. Primero como "delegado" de Jesús Gil y después como asesor plenipotenciario de Marisol Yagüe. Aunque no intervenía en los pormenores de este área que dirigía otro funcionario, era quien llevaba "el pulso". "Era a quien acudían los promotores" cuando tenían un problema o una necesidad, él era el referente "técnico político" de la Marbella de los tiempos del GIL.

La abogada detalló que hasta 2003 la firma de convenios urbanísticos fue "incesante". Ella se ocupaba de redactar los borradores de los acuerdos y, una vez firmados, las recalificaciones de suelo que contenían se llevaban al proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que dirigía Juan Antonio Roca. En ocasiones, tenía que modificar el texto de los convenios para recoger "lo construido de más". Y esos convenios eran utilizados después por los concejales como título legitimador para conceder licencias de obras a pesar de que iban en contra de las normas urbanísticas vigentes y sólo se amparaban en la revisión del PGOU que nunca llegó a ser de aplicación. Esta singularidad, según la testigo, la conocían tanto los promotores como los concejales que autorizaban los permisos de obras.

Las defensas trataron ayer de poner en cuestión el testimonio de esta abogada, tratando de sugerir que la suya es una declaración interesada por su implicación en aquellos hechos y su antigua vinculación a Roca.