Málaga

El comercio quiere agilizar la Justicia para reducir los robos

  • La patronal presenta al Gobierno un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que persigue que se cumplan las condenas y se paguen las multas por delitos leves

Agentes de la Policía Local patrullan por la calle Larios.

Agentes de la Policía Local patrullan por la calle Larios. / Javier Albiñana (Málaga)

Los comerciantes creen que una Justicia más rápida, con menos burocracia y papeleo y menos pasos intermedios que seguir cada vez que se denuncia algún delito, serviría para reducir drásticamente el número de robos que padecen a diario en sus tiendas.

Sobre este planteamiento, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elaborado una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a trasladar en las próximas fechas al Gobierno central. Los comerciantes de Málaga, y de toda España, están siendo muy castigados en los últimos años por dos tipos de delitos principalmente: los hurtos y los robos con fuerza, especialmente los alunizajes.

La patronal cree que el sistema actual de notificaciones y ejecución de sentencias actual es “ineficaz por su complejidad y obsolescencia”. Tomando como referencia los datos de 2019, los empresarios apuntan que cada año se registran en España unas 700.000 denuncias por hurto. De ellas, únicamente llegan a juicio el 10%, es decir, unas 70.000. 

De éstas, sólo 7.000 terminan con sentencias ejecutadas, en las que el condenado paga la multa o cumple la pena. Es decir, sólo un 1% de las denuncias terminan ejecutándose. Como la multa media al denunciado suele ser de 170 euros, el Estado deja de ingresar anualmente unos 120 millones de euros por no cobrar estas penas.

El proceso actual, sostienen los comerciantes, tiene cinco pasos que se alargan en el tiempo. La mayoría de los hurtos se consideran delitos leves. Tras la celebración del juicio, se dicta una sentencia, que se puede recurrir en un plazo de cinco días. Una vez firme, se informa al condenado de la cuantía de la multa y/o de la indemnización, así como del plazo para pagar. Si el condenado no cumple, el juez fija un nuevo plazo para pagar.

Si vuelve a haber un incumplimiento, se realiza una averiguación patrimonial. Si el condenado tiene bienes, se le embargan. Si no los tiene, se sustituye la multa por pena de prisión, localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. Si no se localiza al denunciado, la pena prescribe al año.

En la práctica, esto supone una vía de escape para los hurteros, muchos de los cuales pertenecen a bandas organizadas que actúan de manera itinerante por distintas provincias españolas, de manera que es difícil que se les notifiquen las sentencias y que terminen pagando.

El plan pasa por sentencias ‘in voce’ y notificaciones telemáticas

Los comerciantes proponen que los pasos de este proceso se acorten y pasen de cinco a dos. Para ello sería necesario que se pueda emitir una sentencia de delito leve in voce, es decir, en el mismo acto del juicio. Una vez dictada, el plazo para pagar que plantean los empresarios es de 30 días, y la prescripción pasaría de uno a cinco años.

La clave está en la sentencia in voce. Si el denunciado asiste a juicio y reconoce los hechos, se dicta sentencia, que sería firme si el condenado está conforme. A partir de ahí comienza el plazo de treinta días para pagar la multa o indemnización. Incluso se incluye una reducción de la misma si se abona dentro de los primeros quince días. En el caso de que el denunciado no asista al juicio, la patronal pide que se sigan los trámites de sentencia in voce, que se dictaría teniendo como verídico el atestado policial.

Si el acusado acude al juicio y no reconoce los hechos, se celebraría la vista y se le notificaría la sentencia telemáticamente, indicando el plazo para recurrir y las prohibiciones que tiene en vigor de forma cautelar. En caso de que no se le pueda notificar en las señas dadas, se daría por notificada la sentencia publicándola en el Boletín Oficial del Estado.

La propuesta de la CEOE implicaría reducir los trámites de cinco pasos a dos

Todo este proyecto pretende agilizar las ejecutorias reduciendo los trámites y buscar la efectividad de las sentencias y garantizar el cumplimiento de las mismas. La CEOE plantea en el documento elaborado una propuesta de redacción del artículo 937 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que articularía legalmente toda esta iniciativa.

Escaleras mecánicas de un centro comercial en Málaga. Escaleras mecánicas de un centro comercial en Málaga.

Escaleras mecánicas de un centro comercial en Málaga. / Javier Albiñana (Málaga)

El proyecto de los empresarios pasa por que la ejecución de las sentencias entren en vigor en el momento en que se les notifica la resolución a los condenados por cualquier vía. Una de las alternativas que puede servir para una notificación inmediata es el correo electrónico. Otra de las opciones que se incluyen en el documento es que todos los delitos leves sean enjuiciados en juicios rápidos.

Con ello, aseguran los ideólogos de este proyecto de reforma de la ley, se conseguiría que en la práctica no sólo se realicen juicios inmediatos para los hurtos flagrantes, sino para todos los supuestos que ya recogía la ley, como son los delitos leves de lesiones o maltrato de obra, hurto flagrante, amenazas, coacciones o injurias.

Nueva reunión de la Mesa del Comercio Seguro

El pasado miércoles se produjo una nueva reunión de la Mesa del Comercio Seguro de Andalucía, en la que se trató la propuesta de reforma de la Ley de Enjuciamiento criminal que ha elaborado la CEOE. Participó en ella como invitado Joseba Campos, encargado de las cuestiones jurídicas en la patronal y uno de los artífices del proyecto. Esta mesa, creada por la Junta de Andalucía, comenzó sus reuniones el 18 de septiembre y está compuesta por la Administración autonómica, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos, empresarios, sindicatos, la Fiscalía y el Poder Judicial, entre otros agentes. El representante de la patronal de empresas de alimentación y perfumerías (CAEA), Álvaro González, destacó el clima de entendimiento y el apoyo que las autoridades están prestando a los comerciantes.

Poderes notariales para pleitos o comparecencias 

El documento elaborado por la CEOE no sólo busca agilizar la acción de la Justicia para que los delincuentes puedan cumplir sus penas. También pretende facilitar la labor a los perjudicados. Una opción muy cómoda es la de utilizar los poderes notariales para pleitos o comparecencias, de manera que la víctima de un robo no tenga que acudir personalmente a los trámites y sí pueda hacerlo su abogado. Esto sería válido en casos de delitos leves contra el patrimonio, es decir, robos de escasa entidad o cuantía. Esto aumentaría la efectividad de las mediaciones y se alcanzarían más acuerdos sin necesidad de celebrar juicios. Otra de las propuestas está enfocada a evitar la suspensión de juicios en los que están todas las partes y testigos, que a veces no se pueden celebrar por no poder citar a algunos de los intervinientes. También pueden celebrarse vistas de manera telemática.

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